La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no se ha pronunciado sobre el «cupo catalán» que ha acordado su Gobierno con ERC para investir a Salvador Illa. Sí lo ha hecho en otras ocasiones, negando esta opción y asegurando que Cataluña no iba a recaudar todos los impuestos ni a tener un sistema de financiación similar al del País Vasco y Navarra.
Montero tiene también un pasado como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, cargo desde el que impulsó un dictamen sobre financiación autonómica que avaló el Parlamento –con el apoyo del PP, entonces en la oposición– y que definía la postura que, oficialmente, aún mantiene el PSOE andaluz. El texto consensuado, eso sí, va en la dirección opuesta a lo que ahora ha bendecido el presidente del Gobierno, por lo que ambas posiciones son claramente incompatibles.
En las comparecencias que sirvieron para la elaboración del dictamen, Montero fue muy vehemente en defensa de los intereses de Andalucía, hoy en riesgo por ser una de las comunidades autónomas más perjudicadas por el sistema bilateral pactado con Cataluña. Así, el diario de sesiones del Parlamento refleja sus palabras en las que el 17 de octubre de 2017 partía de la premisa de que para consensuar el modelo de financiación autonómica no debía esgrimirse «como una excusa la situación territorial para no abordarlo sino que a ser posible sea una parte de la solución que definitivamente tengamos que dar para que todos los territorios de España, al menos, en las cuestiones que son básicas para los ciudadanos, que anteponen la igualdad de oportunidades, podamos ser iguales en el acceso y en la calidad de los servicios públicos».
Igualmente, abogaba por «la necesidad que tenemos de legitimar lo público en un debate de desapego político en el que tenemos que con todos los esfuerzos demostrar que la política realmente está a la altura de las circunstancias, nos tiene que permitir con esta reforma del modelo inyectar un mayor volumen de recursos a aquellas competencias, sean autonómicas o estatales —porque Seguridad Social no es motivo de esta comparecencia pero no quiero dejar de mencionarla—, que permite que todos los ciudadanos al menos ante el consenso constitucional somos iguales».
«Yo diría que esta reforma del sistema de financiación es una parte imprescindible en el que tenemos que apoyar el consenso territorial que tenemos que alcanzar para mantener un proyecto común de país», sentenció.
Todo lo contrario es lo que se ha cerrado ahora con Cataluña, sin debate, sin consenso y sin participación del resto de comunidades autónomas. Un cambio de guión que Montero, como máxima responsable de Hacienda tendrá que argumentar.
Significativas eran también las palabras de la entonces consejera en relación a la infrafinanciación que padecía entonces Andalucía. Explicaba con acierto que «las correspondientes liquidaciones del actual modelo van arrojando cada año una cifra que ha sumado un total de 5.522 millones que deja de recibir esta comunidad autónoma en relación con la media que recibe el resto de territorios». Esos datos se correspondían a 2017 –las liquidaciones se hacen con dos años de antelación y el modelo entró en vigor en enero de 2009–. «Este importe, además, me atrevo a afirmar que va a ir aumentando en los sucesivos años, porque no hay ningún factor correctivo que se haya aplicado en la dinámica del sistema que permita retrotraernos o no perpetuar esas diferencias que el modelo va poniendo de manifiesto», explicó.
La capacidad profética de Montero acertó al cien por cien. Solo en el último año liquidado, el de 2022, Andalucía recibió 1.522 millones de euros menos que la media. Desde 2017 hasta la fecha, la brecha se ha agrandado y el déficit de financiación que padece la región está ya en torno a 15.000 millones de euros.
En 2017, a Montero esos 5.522 millones le parecía una cantidad excesiva. «Estos 5.500 millones que no han venido no son algo que pasa y ya está sino que realmente han evitado o no han permitido que Andalucía pueda crecer un 3,8% de su PIB», explicaba.
Y concluyó afirmando que «si nosotros hacemos la simulación de qué hubiera representado en estímulo económico este dinero que no hemos recibido pues nuestro PIB se hubiera comportado de esta manera que les digo y se hubieran generado 100.000 empleos más de los que actualmente tenemos».
La ministra rechaza ahora un fondo de compensación para regiones como Andalucía –también Valencia, Murcia y Castilla La Mancha– reciben menos dinero para sus servicios públicos. Igualmente, avala el «cupo catalán».
