El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta pública de empleo para la Policía Nacional (2.707 plazas) y para la Guardia Civil (2.721). En concreto, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska amplió las plantillas de ambos Cuerpos del Estado con 5.505 nuevas plazas este 2024. sin embargo, estas grandes cifras se quedan en nada al analizar el dispositivo previsto para la Operación Paso del Estrecho (OPE) para este 2024.
Según denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Ministerio del Interior sólo ha cubierto el 33% de las plazas convocadas, lo que genera graves deficiencias en los puestos fronterizos. Señalan que el pasado 13 de mayo se hizo pública la convocatoria en atribución temporal de funciones para la Operación Paso del Estrecho de este año, “sin derecho a percepción de indemnización alguna”, desde el 15 de junio al 15 de septiembre de 2024. En concreto, el documento publica una oferta total de 217 plazas repartidas entre Alicante, Elche, Almería, Málaga, Motril, Melilla, Ceuta, Puerto de Tarifa, Barcelona y Valencia.
Y el problema surge tras examinar la resolución de la convocatoria publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que deja el 77,42% de las vacantes sin cubrir, siendo los casos más preocupantes los de Ceuta y Melilla. En ambas ciudades autónomas quedan desiertas el 90% y 85% de las plazas convocadas. En el caso de Algeciras, Tarifa o Málaga, ese porcentaje oscila entre el 80% y el 85%.
“Se da la circunstancia de que los policías que suelen solicitar OPE son originarios de las zonas donde esta se activa, de tal manera que la Dirección General de la Policía aprovecha esta coyuntura para seguir ahorrando dietas, pero no cubriendo ni de lejos las necesidades de los servicios ante la falta de efectivos. Un círculo vicioso que no parecen querer atajar con tal de ahorrarse las ya de por sí míseras dietas de los policías”, denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía.
Hay que recordar que la operación paso del estrecho se puso en marcha en España desde el año 1986, activando un plan especial dentro del marco general de coordinación y un canal activo de comunicación entre administraciones para garantizar un intercambio fluido de información y colaboración.
Como consecuencia de ello, como cada año, la Dirección General de la Policía, “como garante de la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana”, lleva a cabo una convocatoria para reforzar las zonas fronterizas más afectadas por este trasiego masivo de personas y vehículos.
