Las declaraciones realizadad ayer por la comisionada de Salud Mental, Belén García, para presentar las intenciones de su departamento ante la Comisión de Sanidad del Congreso no han dejado indiferente a nadie. Para hacer frente al elevado consumo de psicofármacos (mayormente, ansiolíticos y antidepresivos) en España, expuso que el camino a seguir era la “deprescripción” de este tipo de medicamentos, en pro de recomendar la participación en “servicios sociales”. “Por ejemplo, grupos de deporte en lugar de rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de lorazepam”, afirmó.
Además, para avalar su idea, explicó que este tipo de prescripción “está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y, la intención del ministerio es hacer que sea más frecuente y más eficaz, coordinando con los agentes sociales, los servicios sociales, los barrios y los ayuntamientos para que se lleve a cabo”. “Desde este Comisionado vamos a impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora del uso de psicofármacos dirigida tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada y con información que empodere a la población general. Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa”, añadió
Nada nuevo, por otra parte, ya que, desde que el Ministerio de Sanidad presentara, en octubre de 2021, el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental, no había duda por donde irían los tiros en su estrategia para afrontar la crisis de salud mental que la pandemia hizo crecer exponencialmente. Ya en ese año, y durante el siguiente, Sanidad se ganó la animadversión de todo el colectivo de psiquiatras, psicólogos y profesionales clínicos que manejan los trastornos mentales en la población.
La puesta de largo del Comisionado de Salud Mental, ayer, con sus primeras “declaraciones de intenciones”, ha vuelto a indignar a estos profesionales, que reconocen estar “hartos” de que se ponga en tela de juicio la evidencia científica de décadas y su propia labor.
En la misma línea se ha expresado hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que ha destacado que las propuestas son “una frivolización de la enfermedad mental y el ejemplo claro de la antipsiquiatría”, que solo sirve para “estigmatizar a los enfermos”. “Nosotros creemos en la prescripción social, y desde la Comunidad trabajamos para tratar a los pacientes de forma global. Pero esto es tomarse a la ligera tanto la labor de los profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales) como el sufrimiento de los afectados y sus familias”, ha declarado a LA RAZÓN.
“Las personas que saben lo que hay que hacer y cuando hay que hacerlo son los psiquiatras y, con ese tipo de afirmaciones, estamos poniendo en duda su labor. Cuando hay que prescribir un psicofármaco se prescribe, igual que un diabético necesita insulina. Por supuesto, no solo la terapia farmacológica sino también la prescripción de terapias psicológicas. Estos profesionales, obviamente, tienen que trabajar en conjunto, no es algo que nos haya descubierto ahora el Ministerio, eso ya lo llevamos haciendo décadas”, ha añadido.
En este sentido, Matute ha hecho una petición a Sanidad: “Pido por favor que esto se trate de forma seria, no buscándo el titular sino mejorar la salud mental. Toda esta información de que los psicofármacos matan y de que hay que hacer más prescripción social puede hacer mucho daño dependiendo de cómo se cuente. Confiemos en los profesionales, que saben qué prescribir y cómo hacerlo”.
