El miércoles 28 de agosto el juez suspendió las comparecencias de los 17 estudiantes mexicanos del espectáculo “Malinche”, del productor musical Nacho Cano, que habían sido citados de urgencia este jueves para declarar como testigos/perjudicados antes de regresar el día 1 a México. El motivo se debe a que no se ha conseguido citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones de “Malinche”, lo que impide que pueda garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Recordemos que el pasado 30 de julio, se abrió un procedimiento penal contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo “Malinche”. Se investiga la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Ante su inminente salida de España, el juez les había citado a las 10:30 horas porque prefería tomarles declaración presencialmente, válida ante un hipotético juicio oral. Con ello, evitaba tener que hacerlo en un futuro mediante videoconferencia, que era la intención de su representante legal, si bien se desconoce ahora qué ocurrirá.
Los hechos se investigan después de la denuncia presentada por Lesly Guadalupe O.F., una bailarina de México seleccionada en ese país, junto con otros participantes en un casting, para formar parte de la compañía.
Igual que hizo entonces, Nacho Cano ha vuelto a acusar a la Policía por “intimidar” a los becarios que iban a comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y ha señalado que las autoridades policiales han practicado un “ridículo y desproporcionado operativo”.
En un comunicado, la defensa ha indicado que para comunicar la citación a los testigos mexicanos los agentes “procedieron a intimidar de nuevo” a los becados “con mensajes telefónicos y transmitiéndoles la comparecencia de modo irregular. Recordemos que estos estudiantes eran convocados como testigos e, irónicamente, para proteger sus intereses”.
La nota añade que “ante su fracasado intento por entregar la citación”, la Policía “ha montado otro ridículo y desproporcionado operativo”, que llevó a que “ocho policías se presentaran en el puerto de Denia donde los becarios iban a embarcar camino de sus vacaciones”. Según ha recordado, los 17 estudiantes becados mexicanos y Nacho Cano “se pusieron a disposición del juzgado el día 29, como requirió el magistrado, incluso desplazándose desde la isla de Ibiza con 36 horas de anticipación y cancelando todos sus planes personales y profesionales, con lo que supone de perjuicio personal y económico para todos ellos”.
Acusa a la Comisaría de Policía de Leganitos de filtrar “preventivamente a los medios de comunicación” la convocatoria de la mencionada comparecencia, “con día y hora, incluso antes de que fuera comunicada a los interesados”. La defensa de Cano recuerda que la Policía “debe cesar inmediatamente en la investigación cuando se ha producido la judicialización de un caso y se hayan abierto las correspondientes diligencias previas”.
Según describen, Nacho Cano también sufrió la “intimidación” de la Policía y se presentó en el domicilio de su madre de 92 años. Al no estar en Madrid, los agentes se desplazaron a Ibiza para entregar la citación. “La extralimitación de algunos funcionarios policiales se extiende al acoso a importantes empresarios y patrocinadores asociados a Nacho Cano”, continúa el comunicado.
Los abogados critican “todo este rocambolesco proceso sigue poniendo en evidencia una investigación policial desde la comisaría centro de Madrid desproporcionada, políticamente inspirada, chapucera y, lo que es más grave, no sometida a la supervisión de los magistrados”.
