La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pedir órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el minsitro de Defensa, Yoav Gallant, así como para el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y los líderes de esta organización terrorista Ismail Haniyeh y Mohammed al-Masri, abre un horizonte judicial incierto para los cinco señalados, que tendrá más influencia en los mandatarios israelíes, miembros de un gobierno democrático, que de unos responsables de un grupo considerado terrorista por numerosos países.
El dictamen emitido por la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), se produce después de varios meses de investigaciones sobre el terreno y testimonios recabados por los expertos, y se ha traducido en un severo veredicto con duras acusaciones para ambas partes, que ha sido duramente criticado por Israel porque considera que equipara a víctimas y verdugos.
El fiscal acusa a los cinco señalados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que si bien no tienen una aplicación inmediata e ineludible como si se tratara de un tribunal ordinario, si pueden tener efectos reales sobre los acusados, pese a que Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción. Los territorios palestinos, por el contrario, sí fueron admitidos como Estado miembro en 2015.
Para empezar, los jueces del TPI deberán determinar ahora si creen que las pruebas son suficientes para emitir órdenes de arresto, tal y como solicita el fiscal. Los Estados firmantes del estatuto de la Corte estarían entonces obligados a arrestar a estas personas si tuvieran la oportunidad.
Los 124 firmantes no incluyen, además de a Israel, a Rusia, China y Estados Unidos. Pero la CPI ha dictaminado que tiene autoridad legal para procesar actos criminales en la guerra porque los palestinos son signatarios.
Si se emiten las órdenes de arresto, significaría que el jefe del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, no podría visitar a sus aliados occidentales sin correr el riesgo de ser arrestado, según explica la BBC.
La única excepción, muy importante para él, serían los Estados Unidos. Lo mismo se aplicaría a Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel.
¿Cuándo ocurrirá esto, si es que se produce? El plazo puede variar: en ocasiones transcurren semanas e incluso meses entre el momento en que el fiscal de la CPI solicita una orden de arresto y el momento en que los jueces se pronuncian al respecto.
