Nueva denuncia contra Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, esta vez ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. La denunciante en esta ocasión es la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC) que les atribuye delitos de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros. Gómez tiene otra denuncia de Manos Limpias y Hazte Oír en su contra, por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias previas.
Según la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la trayectoria laboral de la mujer del presidente del Gobierno “ha estado vinculada en los últimos años al ascenso político de su esposo”. Además de detallar la trayectoria profesional de Gómez, el texto indica que ha realizado viajes oficiales a destinos “en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesional/comerciales” y señala que desde que Sánchez es presidente, algunas de las empresas con las que ella ha mantenido algún vínculo “han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%”.
También sostiene que “hay indicios suficientes para sostener (con grado indiciario suficiente para abrir una investigación penal)” que Begoña Gómez “se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades” y recalca que para sellar estos vínculos “ha sido miembro del séquito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales”.
Asimismo, indica que “indiciariamente se ha podido ofrecer (por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas) para influir ante su propio esposo”, concretamente “para la concesión de subvenciones y ayudas públicas”. Y que esta influencia parece “indiciariamente probada desde el momento en que se ha publicado se incorporaron cartas de recomendación a los expedientes administrativos de concesión del concurso”.
En la denuncia se detalla el caso de la sociedad Inmark Europa SA, de la que Gómez sería accionista, que se habría hecho con contratos desde el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, indica que el 7 de septiembre de 2018 una filiarl se hizo con un contrato de 750.200 euros de la empresa pública Red.es y en enero de 2019, se hizo con un contrato de 14.875 euros de la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, del ministerio de Industria.
“Para poderlo adjudicar directamente se ajustó su valoración al límite, pues a ley establece que pueden adjudicarse como contratos menores aquellas contrataciones de servicios de hasta 15.000 euros”. El contrato, destaca, se valoró en 125 euros menos del límite.
Relación con el Grupo Globalia
También se alude a su relación con el Grupo Globalia. La mercantil Wakalua, filial de Air Europa -aerolínea que pertenece todavía a Globalia y cuyo expediente de fusión con IAG (matriz de Iberia) está en la Comisión Europea- se habría comprometido a ingresar 40.000 euros al año en un contrato confidencial con el IE África Center, dirigido por Begoña Gómez, en 2020. Esto, a pesar de su serio desequilibrio patrimonial, según da cuenta el escrito. Y advierte que Globalia. en esa época, “estaba pasando un momento económico difícil” por lo cual “resulta muy sospechosa tal operación, que reúne indicios de servir para conseguir ‘la influencia’ de la denunciada entre otras operaciones”, subraya. Y recuerda que unos meses después, el 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa por 475 millones de euros de dinero público en total. Señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en ese Consejo de Ministros y que no se inhibió ante lo que califica como “un claro conflicto de intereses”.
“Este rescate no solo fue el más cuantioso y el más rápido en procesarse” de los que concedió el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que gestionó la Sociedad Estatatl de Participaciones Industriales (SEPI)”, sino que además “esquivó el posterior escrutinio de la Comisión Europea” porque la ayuda “fue troceada”, pudiendo eludir la fiscalización de las autoridades europeas. Por otra parte, el 16 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros también aprobó el rescate de Globalia-Ávoris, una UTE (unión temporal de empresas) de la familia Hidalgo (Globalia) con Barceló, por 320 millones de euros, que se articuló en un préstamo participativo de 163 millones de euros y un crédito ordinario de 157 millones de euros. En esta época habría intervenido Víctor de Aldama, uno de los empresarios investigados en el “caso Koldo”, como asesor de Globalia.
Asimismo, detalla que entre junio de 2019 y junio de 2022, el Grupo Globalia recibió un trato “que puede calificarse de prvilegiado”, al recibir Globalia, Air Europa y Avoris un total de 1.100 millones de euros del Gobierno. También señala nexos con la Organización Mundial del Turismo (OMT), que era, según la denuncia, espónsor de Globalia a través de Wakalua (creada en octubre de 2019). Su secretario general, Zurab Pololikashvili se reunió en Moncloa con Sánchez en septiembre de 2018.
Relación con Barrabés
La consultora de Carlos Barrabés, Innova Next SLU (Barrabés Consultoría) apoyó desde el primer momento al hub Wakalua. E incrementó su facturación de manera “considerable”, pasando a facturar como tope 205.000 euros anuales en 2017 con los gobiernos del PP, la mayoría de ellos para vestimenta de la Guardia civil. Mientras que “con el PSOE en el poder pasó a facturar 20 millones de euros”, señala la denuncia. En total, fueron 18.684.584 euros. La amistad con Barrabés “se desarrolló progresivamente”.
Wakalua, impulsada por Globalia y la OMT, dio sus primeros pasos en el centro de startups de Barrabés en la calle Méndez Álvaro de Madrid. Fue el 22 de enero de 2019. También sostiene que Barrabés diseño, llenó de contenido y fichó a los profesores del Master de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige Begoña Gómez.
En dos contratos adjudicados a Barrabés, de acuerdo con la denuncia, consta una carta de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno. Uno de ellos, de julio de 2020, por 7,7 millones de euros con el Ministerio de Economía; y otro de agosto de 2021, por 4,4 millones de euros, En este se incluía una “declaración de interés” que estaba “firmado de su puño y letra por la propia Begoña Gómez”. En ambos casos la adjudicataria fue una UTE formada por Barrabés o una filial y la escuela The Valley.
Responsabilidad de Sánchez
La denuncia acusa a Pedro Sánchez de conocer y colaborar con las actividades de su esposa, “convirtiéndose en un cómplice por omisión y encubridor de los presuntos delitos
perpetrados por la señora Begoña Díaz”.
“Ninguna de las actuaciones de su esposa, anteriormente expuestas, se hubieran
producido si el señor Sánchez no hubiera sido el presidente del Gobierno, es decir un
colaborador necesario”, sostiene el escrito registrado hoy 20 de mayo en el Tribunal Supremo.
La AECC ha indicado en un comunicado que con esta actuación en los tribunales pretenden “garantizar que quienes ocupan puestos de poder, desde el presidente del Gobierno hasta el funcionario público más bajo, rindan cuentas de sus actos” y han expresado su preocupación por la impunidad de la clase política. “Cada día salen a la luz nuevos casos de corrupción, pero los políticos parecen eludir cualquier responsabilidad. Siempre son los ciudadanos los que son investigados y considerados sospechosos, mientras que los verdaderos autores quedan impunes”, sostienen.
