La segunda fuga de Carles Puigdemont, con vetas de ilusionismo, despertará inevitablemente las sospechas entre la opinión pública de que se ha asistido a un acto de connivencia con el Gobierno, puesto que los niveles habituales de eficiencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Policía autónoma catalana, se compadecen mal con lo sucedido a plena luz del día y en pleno centro de la Ciudad Condal. Pero, ciertamente, todo ha podido ser fruto de una estrategia del líder de Junts, de tan absurdo planteamiento, que nadie podía prever.
Ha habido cómplices, claro, –hay dos mossos detenidos– aunque, a tenor de las caras de estupefacción de algunos de los propios diputados de Junts, que esperaban un escándalo mayor en el episodio de la detención de su jefe de filas y tuvieron que conformarse con retrasar el Pleno de la Cámara catalana con un victimismo sobrevenido, habrá que buscar las complicidades en el círculo más cercano del ex president. Por supuesto, es fácil hablar de humillación a las instituciones del Estado y a la propia institucionalidad de Cataluña al calificar esta tocata y fuga, pero la cuestión es que al espectáculo, verdadera astracanada, se le puede aplicar aquella estrofa del soneto cervantino «caló el chapeo, requirió la espada/ miró al soslayo, fuese y no hubo nada».
A menos que estemos ante el preámbulo de una ruptura del acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y Puigdemont –quien, por cierto, cargó en su discurso contra el PP, Vox y la Justicia, pero no hizo referencias al presidente del Gobierno–, lo que no parece y por más que Junts ya le haya tumbado al Ejecutivo en el Parlamento el inicio de los Presupuestos del Estado, la realidad es que ha prevalecido el pacto del PSC con ERC y los Comunes para reeditar un pacto de investidura que pone al socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat, sin que la «matinal» haya tenido la menor incidencia. Es más, la probabilidad de que hayamos asistido a la retirada de la arena política de Puigdemont, dispuesto a no enfrentarse a un tribunal hasta que quede perfectamente despejada y cosidos los flecos de la amnistía, proceso que podría prolongarse hasta un año más, no puede descartarse.
Ahora, lo esencial es que casi tres meses después de las elecciones, Cataluña tiene gobierno en principio para los próximos cuatro años, si bien sujeto a la voluntad de la izquierda nacionalista, y el conjunto de España se enfrenta a un cambio en el modelo autonómico de enormes consecuencias que La Moncloa no va a tener fácil abordar, entre otras cuestiones, porque ni siquiera puede asegurar que tendrá los apoyos necesarios para sacar adelante una ley orgánica que establezca el «cupo catalán». En definitiva, Pedro Sánchez ha salvado un obstáculo más y la Generalitat ha vuelto a manos del PSC. El precio parece excesivo, pero sólo si se acaba por pagar.
