Además de velar por la protección de nuestros derechos, la principal razón para desear vivir bajo un régimen democrático es que las principales decisiones políticas se adoptan con el beneplácito de los ciudadanos, que estas pueden entenderse como producto de su voluntad mayoritaria. Quizá sea la distorsión de un politólogo, pero cuando me enteré del pacto al que llegaron el PSC —el Gobierno, más bien— y ERC no pude evitar suscitar una pregunta: ¿quién les ha dado el mandato para poner patas arriba toda la organización territorial del Estado? ERC al menos declaró legitimarla recurriendo a sus bases, pero no me consta que en algún momento el PSOE haya hecho lo propio con su partido o, y esto es lo más grave, con sus electores potenciales. ¿Votaron ustedes al PSOE sabiendo que iba a conceder el concierto económico a Cataluña? ¿Ha habido algún debate público al respecto? Lo cierto es que tampoco ocurrió con la amnistía, pero lo del concierto se me antoja más grave porque su efecto puede dejarse sentir en nuestra vida cotidiana. Con los dineros no se juega, y hay que entender que no solo los electores, sino las otras comunidades autónomas deberían tener algo que decir al respecto. Pues no señor, esto lo han cocinado dos cúpulas de partido para satisfacer sus necesidades de poder, el más potente afrodisíaco, en palabras sabias de Kissinger. No hay que olvidar que los partidos ejercen el poder político a través de una especie de pacto fiduciario con los electores, están vinculados por sus principales promesas, no son los propietarios del Estado sino sus meros gestores, aquel nos pertenece a todos.
