Policías nacionales reclaman que los Ministerios del Interior y el de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social pongan fin, de manera inmediata y en términos contundentes, a la intolerable actitud que Cruz Roja está mostrando hacia los solicitantes de asilo que llegan al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desentendiéndose de toda labor asistencial o humanitaria y obligando con ello a que los policías nacionales destinados allí deban asumir cometidos como la entrega de alimentos, medicinas o productos de higiene.
Cruz Roja, recuerda CEP, que se retiró el 23 de enero de este año del aeropuerto en plena crisis migratoria por la llegada inédita de un elevado número de solicitantes de protección internacional, que colapsaron las instalaciones destinadas a acoger a esos ciudadanos extranjeros hasta que se resuelva su petición, sólo ha aceptado regresar a Barajas para asumir labores de asistencia psicosocial. Con esa decisión, se ha provocado que sean los policías nacionales destinados en el puesto fronterizo de esa infraestructura aeroportuaria los que deban hacerse cargo de tareas humanitarias que no les corresponden, básicamente de reparto de productos básicos para la subsistencia.
“La actitud de esa organización, que calificamos como un bochornoso ejemplo de ‘trabajo humanitario a la carta’ en el que prima la comodidad y no la ayuda al más necesitado, no puede ser tolerada ni un minuto más por el Gobierno, sobre todo cuando Cruz Roja percibe subvenciones millonarias de los fondos públicos para asumir una labor asistencial que en Barajas, en un acto de clara insumisión, se niega a ejercer. En este sentido, debemos recordar que esa institución recibió del Ministerio de Interior 1,23 millones de euros en 2023 y 22,93 millones de euros del de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social”.
“Lo que está claro, en cualquier caso, es que los policías nacionales destinados en el aeropuerto de Barajas no pueden continuar ni un solo día más asumiendo funciones asistenciales. En primer lugar, porque no les corresponden. En segundo lugar, porque si en su momento se iniciaron fue partiendo de la base de que Cruz Roja retomaría esos cometidos en el muy corto plazo, cosa que no ocurrió cuando anunció, en febrero de este año, que volvía al aeropuerto pero que en lo relativo a las personas custodiadas en las salas de asilo no iba a retomar el reparto de medicinas, alimentos o productos de higiene. Habiendo transcurrido ya cinco meses, en CEP urgimos al Ministerio del Interior a que se ponga fin a una situación que claramente no es competencia de la Policía Nacional”.
En este momento las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogen a poco más de setenta solicitantes de asilo -llegó a haber más de 420, en plena crisis migratoria en el mes de enero- que han llegado a nuestro país mayoritariamente desde Mauritania y Marruecos. Cruz Roja alega que no va a asumir labores asistenciales y que esa decisión la conocen desde hace meses ambos Ministerios. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que los policías destinados en el puesto fronterizo de Barajas deben ejercer, única y exclusivamente, competencias de custodia de esas salas en las que se acoge a los solicitantes de protección internacional. Cualquier otra función de índole asistencial debe cesar de inmediato, haciéndose cargo de ella los servicios sociales que correspondan.
El Ministerio del Interior, en definitiva, debe dar un ultimátum al de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y a la propia Cruz Roja para que asuman la asistencia y atención que les corresponde sin esperar ni un minuto más. Los policías son profesionales de la seguridad pública cuyas funciones y cometidos prioritarios y principales están tasados en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y la excepcionalidad de una ayuda asistencial -que jamás se deniega, por supuesto- ni puede ni debe convertirse en una nueva función, sobre todo si quienes deben asumirla, en un acto censurable de dejación de responsabilidades, se desentienden de ella porque les incomoda o molesta, concluye CEP.
