Carles Puigdemont ha replicado al Tribunal de Cuentas que “no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ni de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) por la Ley de Amnistía, al no tratarse de un órgano jurisdiccional. En el escrito en el que contesta al requerimiento del tribunal sobre un posible recurso ante la Justicia europea, su defensa afirma que si, pese a todo, el tribunal insiste en su “descabellada” idea de acudir al TJUE, “extralimitándose” en sus funciones y dictando una resolución “transgresora del ordenamiento” de forma “deliberada”, le provocará indefensión.
El abogado de Puigdemont cree que “se está perdiendo el tiempo”, “incurriendo en gasto público indebido” e “incumpliendo” la Ley de Amnistía, por lo que insta a la consejera de la Sección de Enjuiciamiento encargada de este procedimiento contable, Elena Hernáez, a que “sin más dilaciones” se “cumpla la ley, se alcen las medidas cautelares acordadas en su día y se archiven las presentes actuaciones sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento legal”. Y reprocha a la consejera que con esta iniciativa solo busque “los 15 minutos de fama”.
El Tribunal de Cuentas, defiende el abogado del expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye -que pone sobre la mesa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TC al respecto-, “es un órgano constitucional y tiene funciones tanto administrativas como jurisdiccionales, pero esto no le confiere automáticamente la condición de órgano jurisdiccional”.
El Tribunal de Cuentas reclama a Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de encausados más de tres millones de euros para la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción del “procés” en el extranjero a través de Diplocat. Pero el letrado defiende que “no existe ninguna entidad del sector público perjudicada” por estos hechos, dado que la Generalitat renunció “a cualquier reclamación, por inexistencia de perjuicio”.
Para el abogado del expresident, esta causa tiene “un único objetivo: criminalizar cualquier acción emprendida por el Govern de la Generalitat y negar sistemáticamente sus competencias”.
En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el letrado cuestiona a la delegada instructora del procedimiento y asegura que su nombramiento “no ofrece las más mínimas garantías de independencia e imparcialidad” por haber sido realizado, como el del resto de consejeros, por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, “compuesta exclusivamente por personas designadas por las Cortes”. Algo que, se queja, vulnera el derecho a la
tutela judicial efectiva.
Para Boye, el tribunal contable no solo “no forma parte del Poder Judicial”, sino que el hecho de que “un órgano elegido por los partidos políticos en sede
parlamentaria tenga funciones jurisdiccionales” supone una “irregularidad” añadida. El letrado aventura al posible planteamiento de una cuestión prejudicial -con la que trataría de que el TJUE despeje dudas sobre la aplicación de la medida de gracia a este procedimiento, que la Ley de Amnistía obliga a dejar sin efecto- “un ridículo de proporciones considerables” porque cree que ni siquiera sería admitido a trámite.
La defensa del líder de Junts vuelve a esgrimir su inmunidad y recuerda que en la negativa a reconocerla, el tribunal argumentó que la naturaleza del procedimiento “no es sancionadora ni penal” pese a que, recalca, es “claramente sancionador”. Según expone, el organismo contable estaba obligado a solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio. Algo que no se hizo, recuerda, y que en su opinión convierte en “extemporánea, antijurídica y extravagante” la pretensión de plantear una cuestión prejudicial. “Si se pretende ir al TJUE, sin duda este será uno de los temas que habrá de discutirse en dicha sede”.
