La crisis poselectoral en Venezuela corre ya un serio riesgo de enquistarse cuando se han cumplido tres semanas desde la votación. Lejos de atisbar algo de esperanza para una salida negociada, el atrincheramiento del presidente Nicolás Maduro constata su decisión de no ceder un milímetro pese a la presión interna e internacional, que exige la presentación de las pruebas de su supuesto triunfo en las urnas. La prioridad ahora es poner fin a la represión y a la persecución tanto de los líderes políticos opositores como de miles de ciudadanos que protestaron contra las irregularidades de una jornada que es evidente que careció de la transparencia necesaria para reconocer los resultados, como han denunciado la mayoría de países del mundo democrático, incluidos aliados del actual Gobierno, como Brasil, Colombia y México.
