Robar agua en el entorno de Doñana es un buen negocio porque los terratenientes casi nunca pagan las multas que les impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incluso aunque las ratifique el Tribunal Supremo. Detraer millones de metros cúbicos de agua de manera ilegal apenas tiene consecuencias pese a la acción sancionadora de los agentes medioambientales y la Guardia Civil, y el grave daño ocasionado durante décadas al acuífero del Parque Nacional, muy erosionado por la agricultura intensiva.
La connivencia con los agricultores, destapada
El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez González, expresó en una conversación grabada en 2020 su clara connivencia con los dirigentes de la Comunidad de Regantes del Viar, pese a los desmanes que ya había denunciado el presidente del jurado de riegos de esa comunidad: “No voy a denunciar porque quiera la mayoría y luego a la policía, le sentó fatal, por qué tienen que mentir si el tío ha llevado las cosas bien (…) Tanto a Confederación como al Viar nos interesa que este tipo de cosas no prosperen, ¿Qué necesidad hay?”, dijo en una charla informal. La conversación fue grabada por un testigo que remitió el archivo a la Guardia Civil, la cual lo incorporó al sumario que investigaba el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla y que contó con nueve detenidos -entre ellos el expresidente Manuel Romero-, a los que delataron los pinchazos telefónicos.
El técnico Francisco Chaves Gil admitió gravísimas irregularidades ante los agentes, como haber puesto en peligro la vida de personas tras llenar dos balsas con cuatro millones y medio de metros cúbicos, superando el límite permitido y sin plan de prevención. Pero luego se desdijo en el juzgado.
La jueza María José Moreno requirió en 2022 a la confederación documentación relevante y la entidad podía haber remitido copias de los consumos, recibos y transferencias bancarias por parte de los regantes concesionarios a su comunidad. Sin embargo, esta documentación nunca llegó al juzgado por parte del organismo de Transición Ecológica. Hace un año, la jueza dio carpetazo a la investigación al alegar entre otros motivos que el envío de jamones pata negra a los funcionarios de la confederación por parte de la cúpula de la Comunidad del Viar no eran un “pago, recompensa o contraprestación a algún favor”.
