Cualquier desahucio es un drama pero si, como en este caso, afecta a 139 personas vulnerables con síndrome de down, autismo o parálisis, resulta trágico. En los centros de día y residenciales Almanzor y Avantos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), creados por Telefónica a través de su asociación ATAM (Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos) en 1982 e inaugurados entonces por la Reina Sofía, se encuentran cada día —muchos desde hace décadas— José Ángel Vázquez, de 42 años y con parálisis cerebral motora; José Garrote y Pilar Fernández, de 33 años, con síndrome de down y que se han hecho medio novios; Jorge Manada, de 39 y con autismo; José Nicolás, de 82 y con un retraso cognitivo grave; o Pedro Cejuela, de 59 y síndrome de down, que el pasado 25 de abril se manifestaba junto a su padre y su hermana frente a la sede de Telefónica en el número 27 de la Gran Vía de Madrid, con un pito en la boca y gritando: “¡No al cierre! ¡No al cierre!”.
“Trastornos”, “autolesiones”, el desgarro de 139 discapacitados desahuciados de su centro de toda la vida
