Debería haber bastado con la negativa educada de los responsables del Banco de Sabadell a dejarse absorber por el BBVA para dar por terminado el asunto, pero el anuncio de una opa hostil –y aquí, el calificativo tiene todo su sentido– que, de dar resultado, dejaría en manos de cuatro grandes entidades el 67 por ciento del mercado financiero español, con la evidente restricción de la libre competencia, tiene la suficiente trascendencia económica y social para España como para solicitar la intervención de las distintas autoridades regulatorias.
Vaya por delante que no creemos, en contra de las vehementes quejas de los nacionalistas, que la oferta oculte una campaña de las «fuerzas obscuras del Estado» para dejar a Cataluña sin músculo financiero, pero dada la coincidencia de la polémica oferta con la recta final de las elecciones autonómicas en el Principado, habría que matizar las respuestas políticas, situándolas en el contexto electoral, y dejar que sean los actores económicos y financieros, con visión a más largo plazo, los que determinen el resultado final.
Esto no significa que el resto del cuerpo social esté obligado a mantenerse al margen, ni mucho menos, aunque sólo sea porque existen razones de peso para oponerse a una fusión que haría desaparecer a uno de los últimos bancos populares, en el sentido amplio del término, con 213.560 accionistas, y que se ha convertido, como ayer recordaba la patronal catalana Foment del Treball, en uno de los referentes de la financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas, que son la espina dorsal de nuestro tejido productivo.
Hablamos, pues, de un banco cercano a un tipo de clientela que encuentra cada vez más dificultades para acceder al crédito y que, además, tiene unas cuentas saneadas –en 2023 dio 1.332 millones de euros de beneficios, un 55 por ciento más que el año anterior y récord histórico de la entidad–, fruto de una buena gestión. Por último, pero no menos importante, se vería afectada, como ha señalado el Gobierno, la cohesión territorial, con la pérdida de oficinas y de los correspondientes puestos de trabajo, que el propio BBVA ha reconocido que habrá que afrontar.
Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería que la propia dinámica del mercado bancario diera al traste con la opa, sin necesidad de forzar una intervención del Ejecutivo, que tiene la última palabra, que no dejaría de interpretarse como una intromisión en las relaciones económicas de un mercado libre, como es el europeo, aunque, ante la actitud del BBVA, sus razones fueran de peso. En cualquier caso, el Banco de Sabadell dispone de instrumentos más que suficientes para defender su postura –desde presentar una contra OPA, con referencia a un tercero, al recurso a un «caballero blanco»– e impedir que se empobrezca aún más la competencia.
