La organización agraria UPA califica de “límite” la
situación en la que se encuentran los ganaderos de extensivo de la Sierra de la
Demanda, Merindades y Páramos, tres comarcas de la provincia de Burgos, debido
a la presión a la que se están viendo sometidos sus explotaciones a causa de
los lobos.
En un comunicado, la organización agraria asegura que son
continuas las lobadas desde hace meses y “muestra de ello es que un solo
ganadero ha sufrido desde mayo la muerte de treinta terneros por ataques de
estos cánidos”.
UPA Burgos califica de “lamentable” e “injustificable” que,
a pesar de las denuncias de los ganaderos, las autoridades competentes no hagan
nada para controlar la especie, que está en plena expansión en la provincia.
Asimismo, denuncia que la Junta de Castilla y León está
utilizando excusas sin fundamento para no indemnizar tras muchos de los ataques
de lobos que se siguen produciendo en Burgos, argumentando que no hay evidencia
de que esas muertes sean provocadas por lobos.
Y es que, considera que se pueden considerar
“indeterminados” a los causantes de las muertes de cabezas de ganado en la
provincia cuando todos los indicios apuntan a ello, e incluso como se ha dado
algún caso los propios agentes han podido ver a los lobos comiendo a las reses
que previamente habían matado.
Por esa razón, la organización agraria considera que los
ganaderos burgaleses de extensivo se encuentran indefensos y muy molestos ante
este posicionamiento de Medio Ambiente, que “sigue sin ver la realidad de lo
que está ocurriendo”.
En este sentido, recuerdan que en muchos casos el ataque de
los lobos va seguido de la presencia de aves carroñeras, sobre todo buitres,
que pocos minutos después de las lobadas apenas dejan restos del cadáver y
algunos huesos, sobre los que dilucidan los agentes para redactar el expediente
y apuntar en muchos casos injustificadamente que “no existen indicios
determinantes de que la acción haya sido de los lobos”.
Además, UPA Burgos denuncia el retraso del Gobierno regional
a la hora de indemnizar los ataques, de hasta cuatro meses, y las consecuencias
que sufre el ganado por los continuos ataques como abortos y ganado que no
produce terneros por el estrés. La organización señala que dichas pérdidas son
soportadas por el bolsillo del ganadero, cuando “debería hacer cargo la
administración”.
