No es algo nuevo. Ni los delitos de odio, ni las noticias falsas o los bulos. Y
tampoco es una novedad que se hable sobre un control sobre redes sociales. De
hecho, la Fiscalía de Delitos de Odio ha abierto
una investigación por mensajes falsos y ataques de
odio difundidos por usuarios en redes sociales hacia menores migrantes
tras el asesinato de un niño de 11 años llamado Mateo en la localidad de
Mocejón (Toledo).
Al igual que ha ocurrido en el pasado, se especula con dos
únicos escenarios, ambos en los extremos: o dar el DNI para abrir una cuenta en
redes sociales o el anonimato completo que exime de toda culpa. Pero la realidad
es otra: ya hay herramientas para impedir o detectar a quienes cometen delitos
de odio o difunden información falsa en redes sociales.
La primera opción, impedir que se publiquen, corre por cuenta
de las propias redes que deberían filtrar este tipo de contenido. El problema
es que se desconoce el criterio exacto que rige sus normas y a veces se censura
más una parte del cuerpo que un delito de odio.
Recientemente, Miguel Ángel Aguilar, fiscal de la Sala de la
Unidad de Delitos de Odio, propuso que se exija la identificación de los
usuarios para poder rastrear a los autores de estos delitos. Pero ya existen
medidas para esto: las leyes actuales permiten y facilitan la identificación de
delitos cometidos en redes sociales y en internet en general. De otro modo,
sería imposible desarticular las numerosas redes de pederastas y
ciberdelincuentes.
Si bien es cierto que para abrir una cuenta en una red social,
no se necesita más que una cuenta de correo electrónico y un alias, lo que garantiza
un anonimato muy sencillo y la posibilidad de abrir numerosas cuentas, también
hay una herramienta que facilita la tarea de quienes persiguen estos delitos.
Se llama dirección IP y es el identificador del dispositivo que publicó la
noticia, comentario, imagen… Y esta es la vía para llegar a su responsable.
Claro que para ello hay que pedir ayuda a las empresas
responsables y eso no siempre es sencillo: excepto que se trate de un delito
que claramente les dé mala prensa (pederastia, por ejemplo), son reacios a
colaborar con la justicia o se toman mucho tiempo para ello.
Pero todo esto cambiará (supuestamente) en 2026 cuando entre
en vigor el protocolo europeo eIDAS2, la herramienta de verificación de edad
para acceder a contenidos pornográficos en la que trabaja el gobierno. Esto
facilitará la identificación de los usuarios de internet y sería una posible
alternativa a la presentación del DNI, una suerte de carnet digital para los
ciudadanos de la UE.
La ventaja de este sistema es que las redes sociales no sabrán
quiénes somos, solo los responsables de aplicar las leyes, pero la realidad es
que las herramientas ya existen para ello. Que se apliquen o se facilite la
información ya es otra cosa. Tanto como la necesidad de educación para hacerse responsable
de lo que publicamos en internet.
