No hay comunidad autónoma que se precie que no ostente una «deuda histórica» con el Estado o que no se considere víctima de agravio comparativo en el reparto presupuestario, aunque haya que retorcer la realidad de unas balanzas fiscales que siempre arrojan las mismas conclusiones. A saber: que las regiones con mayor renta per cápita, como Madrid y Cataluña, sufren mayores déficits de financiación que las de menor renta, y que el País Vasco y Navarra, con regímenes forales propios, no tienen una participación efectiva en los mecanismos de solidaridad interterritorial, sin duda, porque los gobiernos de turno han considerado que no merecía la pena el desgaste político de actualizar los «cupos».
Luego, están todas las excepciones que se quieran poner –casos de Baleares y la Comunidad Valenciana, que presentan déficits pese a hallarse por debajo de la media de renta– y eternas discusiones sobre la metodología del cálculo de las balanzas, si se debe o no imputar la ejecución presupuestaria real o la incidencia del «flujo monetario» en el conjunto general. En definitiva, la realidad es que el saldo fiscal demuestra que se pagan más impuestos en las regiones ricas que en las pobres, dicho sea de paso, porque no son los territorios los que cotizan en Hacienda, sino las personas, tanto físicas como jurídicas.
Sin embargo, no es posible negar que el Gobierno central dispone de un cierto nivel de discrecionalidad en la asignación del gasto y de las inversiones públicas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, con independencia de su grado real de ejecución, cuestión a la que ya nos hemos referido.
Valga este largo preámbulo para advertir de que un avance en la «línea foral», como el que demandan los nacionalistas catalanes como precio a sus votos, aunque se camufle bajo términos como «singularidad», sólo puede conducir a mayores desigualdades y a propiciar una carrera entre las comunidades autónomas para ver quién se lleva más, naturalmente, en base a circunstancias de oportunidad política.
De ahí, la reticencia de los últimos gobiernos, incluido el actual social comunista, a publicar las balanzas fiscales, que es reclamación permanente de las formaciones nacionalistas, porque de esos supuestos agravios territoriales se nutre en buena parte el populismo. Ahora bien, es un hecho la necesidad de corregir los desequilibrios que presenta la financiación autonómica en general, aplicando las medidas correctoras que se necesiten en función de las características de cada comunidad, pero se trata de una labor que solo puede llevarse a cabo a partir de la reforma, modificación o actualización de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) siguiendo los trámites parlamentarios correspondientes y, a ser posible, con el acuerdo de los grandes partidos. Tarea que tendrá que abordar, por lo visto, un próximo gobierno popular.
