El jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) juzgado por haber enviado seis cartas bomba en 2022, entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado al tribunal que remitiese esos paquetes con explosivos.
La Fiscalía ha mantenido su petición de 22 años de prisión por terrorismo para Pompeyo González, lo mismo que ha hecho la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que solicita un año más de cárcel para el acusado, que consideran que actuó para intentar cambiar la política española de apoyo militar a Ucrania. Pero las explicaciones del acusado no han convencido a las acusaciones. “No debe quedar ninguna duda de que es el responsable de la confección de los artefactos explosivos”, ha asegurado en su informe final la fiscal Ana Noé. La Fiscalía pide también que, si es condenado, sea sometido a libertad vigilada cuando salga de prisión, y que indemnice con 1.500 euros al empleado de la embajada de Ucrania que resultó herido cuando manipulaba una de esas cartas. El juicio ha quedado visto para sentencia.
La defensa ha pedido su absolución, insistiendo sobre todo en desbaratar las acusaciones de terrorismo, porque -ha subrayado la abogada- el envío de esas cartas “no creó ningún tipo de alarma ni de temor” ni alteró la paz ciudadana. “No ha habido actuación alguna”, ha dicho, por parte del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el resto de destinatarios de esos paquetes, a quienes se ofreció la personación como perjudicados en este procedimiento. En cuanto a las cartas bomba, la abogada del acusado les ha restado relevancia al asegurar que “la carga explosiva era mínima, incluso menor que la de un petardo común”.
A preguntas de su abogada, el acusado, de 74 años, ha negado que pretenda alterar la paz pública o quebrantar los cimientos del sistema democrático (objetivo de los delitos de terrorismo de los que está acusado). “Eso ni se me ocurre. Se lo ha inventado la prensa. Ni se me ha ocurrido semejante tontería”, ha recalcado. “Me han calumniado. No tenía ni los muelles, ni el percutor ni la pólvora. Es una maldad lo que han hecho”, ha asegurado en su turno de última palabra.
Según ha contado Pompeyo González, es aficionado al bricolaje y a la aviación, justificando el hecho de que se encontraran restos de su ADN en las cartas bomba en que realiza en su casa trabajos de marquetería y arroja a la basura el material que le sobra o no le convence. “Yo tengo los sobres, pongo las pegatinas y lo dejo preparado todo. Yo no he comprado sellos de ninguna clase, pero el sobre ya está contaminado”, ha expuesto.
Las cerillas, un experimento con un dron
Respecto a los 25 sobres que compró el 5 de noviembre de 2022 y las 96 etiquetas autoadhesivas, que figuraban en esos envíos, el acusados se ha limitado a decir que las tenía preparadas etiquetar “postales de ciudades”. “Los sobres no me gustaban y al final los tiré a un contenedor que hay cerca de casa”. Según su versión, alguien los recogería de la basura y los utilizaría para enviar esos paquetes bomba. “Hay gente que va al contenedor a coger cosas”, ha argumentado.
Y aunque ha admitido que compró bisagras, brocas, tornillería, tubos de cobre y diverso material que habría utilizado para la fabricación del artefacto explosivo, ha defendido que necesitaba todo eso para construir un “helipuerto” para un dron que pretendía “subir 500 metros con una bengala que bajaría encendida poco a poco”.
Con ese fin, ha explicado, compró “cientos de cerillas” con las que “hacía pruebas” en su domicilio. Y es que la Policía constató en sus vigilancias cómo tiró a la basura tres cajas de cien cerillas cada una, 256 de ellas con las cabezas raspadas, según la Fiscalía para obtener el azufre necesario para elaborar los artefactos explosivos. “Seguramente encontrarían en la basura muchas cerillas, algunas quemadas y otras sin quemar”, ha dicho.
Tanto la fiscal Ana Noé como el abogado de la AVT Antonio Guerrero le han preguntado por sus búsquedas en internet sobre, por ejemplo, el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y la ministra de Defensa, Margarita Robles (dos de los destinatarios de las cartas bomba), pero Pompeyo González ja justificado esas búsquedas online en que le gustaba “estar informado de todo un poco”. “Me informo de que España va a ayudar a Ucrania, que mandan armas del centro de satélites de Torrejón de Ardoz. Me gusta informarme de lo que hace España en estas cosas”, ha afirmado.
“¿Nitrato potásico? Lo uso para la limpieza”
Más comprometidas resultan sus búsquedas sobre paquetes bomba o guantes antiexplosión, pero el jubilado ha replicado que “cuando uno busca cómo hacer una bengala te salen enlaces y enlaces y termina uno en misiles” o en “cómo hacer una bomba atómica”. “No es que yo quisiera buscarlo a propósito”, se ha defendido. En cuanto a los guantes, ha explicado que lo que buscaba eran “guantes de seguridad” porque tiene una soldadora en su casa.
Del acusado, la fiscal ha destacado su “carácter metódico” y las “labores de vigilancia” que adoptaba al salir del domicilio para desprenderse del material, tal y como pudieron constatar -ha recordado- los agentes que vigilaron su domicilio durante días y que han comparecido como testigos en la vista oral.
Inasequible a la batería de indicios que iba desgranando la representante del Ministerio Público, el jubilado ha dicho no tener “ni idea” de cómo confeccionar un artefacto explosivo. ¿Por qué entonces compró 1 kilogramo de nitrato potásico a través de Amazon? “Eso lo uso para limpieza. Una cucharada es como sal”, ha manifestado. Algo similar ha replicado a su interés en saber si “25 gramos de pólvora pueden matar a una persona”, una búsqueda que ha relacionado con su experimento del dron con la bengala.
En similares términos se ha referido a la descarga de RT Noticias y Sputnik, aplicaciones oficiales de los medios gubernamentales de la Federación Rusa, o de Sputnik VPN -enfocada, según la Fiscalía, a falsear la geolocalización del usuario-. “A mí me gusta descargar cosas, me gusta informarme de todo un poco”, ha asegurado.
“Sus explicaciones no son convincentes”
Pero la fiscal ha defendido la “finalidad terrorista” de los hechos que se imputan al acusado, a quien ha definido como un “terrorista individual” que actuó con el objetivo de “alterar gravemente la paz pública” en el marco de las protestas por el apoyo militar de España a Ucrania, para “presionar” al Gobierno y forzar un cambio de política al respecto. “No solo es que intentara alterar la paz pública, sino que lo consiguió”, ha afirmado en relación a la explosión de uno de los paquetes en la embajada de Ucrania, lo que alertó a los destinatarios del resto de paquetes, como la empresa armamentística Instalaza
La representante del Ministerio Público ha rechazado asimismo que se le aplique una posible atenuante puesto que, ha defendido, no tenía alteradas sus condiciones psíquicas en el momento de los hechos.
Por su parte, el abogado de la AVT ha defendido que existe “una abundante prueba indiciaria” que permite concluir “sin ningún género de dudas” que Pompeyo
González es el autor de los envíos, como el hallazgo de su ADN en las cartas bomba, incluidos los mismos sellos. El letrado Antonio Guerrero ha hecho hincapié en que este hecho “sería suficiente” por sí solo para sustentar la condena. “Es evidente y claro que es el autor de los hechos”.
La AVT ha avalado la cadena de custodia de esas pruebas, ante las “dudas que la defensa introduce” al respecto por una posible “negligencia” policial. Respecto a las búsquedas en internet, el abogado ha afirmado que “las explicaciones que da el acusado no son convincentes”.
Seis envíos y un herido
El acusado remitió a Pedro Sánchez su primera misiva con explosivos entre el 18 y el 21 de noviembre de 2022, pero el control de seguridad detectó el paquete sospechoso -que contenía una carga explosiva de perclorato/clorato de origen pirotécnico y una pólvora de base nitrada- y fue detonado finalmente de forma controlada.
Posteriormente, efectuó otros cinco envíos, uno de los cuales hirió en una mano a un empleado de la embajada de Ucrania, a quien la fiscal solicita que Pompeyo González indemnice con 1.500 euros.
Los artefactos elaborados supuestamente por el acusado -a quien imputa un delito de terrorismo con resultado de lesiones y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista- eran similares: todos contaban con activación mecánica y de iniciación pirotécnica y, dada la cantidad de explosivo utilizado, su detonación era capaz de “producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la propia explosión de la sustancia como por el impacto de la metralla incorporada” (postas de plomo) y la producida “por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación” (principalmente tuercas y tornillos).
El mecanismo estaba pensado para que, según el Ministerio Público, “cuando la caja de madera se sacase del sobre de cartón, y el destinatario abriese la tapa retirando la cinta adhesiva que tenía a modo de cierre, la tapa arrastraría al pasador, sacándolo de su alojamiento, liberando al percutor que, por la acción del muelle contraído, se desplazaría por el tubo que lo contenía hasta percutir al pistón, dando lugar a su iniciación”.
