El PP reclama en Les Corts que el Gobierno central respete la independencia judicial

El PP reclama en Les Corts que el Gobierno central respete la independencia judicial

El grupo popular de Les Corts Valencianes ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar la independencia del poder judicial y a detener “las constantes interferencias en su labor”.

Esta iniciativa surge en respuesta a los ataques vertidos recientemente por miembros del Ejecutivo socialista contra jueces y magistrados, ha explicado en un comunicado la diputada Andrea Gigante, quien ha considerado que esa actitud “pone en riesgo la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia española”.

La parlamentaria popular ha afirmado que la independencia judicial es “un principio básico” del sistema democrático español, por lo que “cualquier ataque a la profesionalidad e imparcialidad de los jueces es un ataque directo al Estado de derecho”.

El propio Consejo General del Poder Judicial y, ha explicado, ha hecho un llamamiento público a la “contención” tras las críticas desde el Gobierno central contra el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, solicitando que se permita a los tribunales desarrollar su potestad jurisdiccional en cualquier circunstancia.

La iniciativa presentada del PP insta al Gobierno central a “cesar en sus injerencias” sobre el Poder Judicial y a defender la honorabilidad de los miembros de la carrera judicial.

“No podemos permitir que se ataque desde la política a los jueces y magistrados, ni que se cuestione su labor y profesionalidad. Debemos garantizar que puedan ejercer sus funciones con plena libertad y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como recoge nuestra Constitución”, afirma Gigante.

La diputada popular ha reivindicado que el respeto a la separación de poderes “es innegociable” y ha afirmado que los populares valencianos seguirán luchando “para que se proteja la independencia de los jueces y magistrados y que los ataques a su labor cesen de inmediato. La democracia española no puede permitirse una intromisión de este tipo en su sistema judicial”.

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