La adhesión a la campaña de presión de Juezas y Jueces para la Democracia de la magistrada Victoria Rossel –que fue diputada por Podemos y ex delegada del Gobierno para la violencia de género–, para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija como presidente de Tribunal Supremo y, por lo tanto, del propio órgano de control de los jueces, a una mujer, por supuesto, de perfil progresista, no tiene tanto que ver con la defensa del feminismo en un sector donde son mayoría las mujeres, sino con la inveterada vocación de la izquierda judicial de colonizar el mayor número de puestos en salas y tribunales, acusación que se sustenta en la realidad de que los miembros de esta asociación, que es minoritaria en la carrera judicial, está sobrerrepresentada tanto en el CGPJ como en los distintos tribunales.
Situación que se repite en la Fiscalía, con los afiliados a la Unión Progresista de Fiscales, entre los que se encuentran como figuras destacadas el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz –del que nuestro actual Gobierno, con toda seguridad, no tiene queja alguna– o Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal para la Memoria Democrática ha sido objeto de una dura batalla en el Tribunal Supremo.
El propio texto de apoyo de la jueza Rossel nos remite al imaginario partidista de una extrema izquierda que lanzó el lema «no nos representan» cuando las urnas, legítimamente, dieron la victoria al centro derecha y que mantiene una permanente campaña de denuncia de las actuaciones judiciales, bajo la patraña del «lawfare». Así, Rossell se permite abogar por un CGPJ y un Tribunal Supremo «más democráticos» y «más parecidos al pueblo al que dicen servir», ignorando, seguramente por descuido intelectual, que ese mismo pueblo, con los votos, es el que ha llevado a su opción política a la irrelevancia, no importa el tipo de elección del que se trate.
No es, pues, el feminismo ni la demanda de unos tribunales más cercanos a la «sensibilidad del pueblo» lo que está en cuestión y tiene paralizado la designación del titular de la presidencia del Supremo y del propio Consejo, sino la voluntad por parte de la izquierda de imponer unos perfiles profesionales progresistas muy determinados. Ese ha sido el fondo de la cuestión a lo largo de toda la peripecia de la renovación del CGPJ y la única razón de que se modificara la legislación para impedir que un Consejo en funciones, que La Moncloa consideraba no suficientemente afín, hiciera nombramientos para cubrir las vacantes de tribunales y salas.
La resistencia, a veces incomprendida del PP, consiguió una renovación paritaria de los vocales y un escenario en el que es preciso llegar a acuerdos de amplia base para la elección de los puestos de mayor responsabilidad en el sistema judicial español. Pero, por lo que estamos viendo, la izquierda sigue en la batalla partidista.
