El Reino Unido aguarda con enorme expectación la publicación mañana, lunes, del informe final de la investigación sobre el escándalo de las transfusiones con sangre contaminada, que se calcula que infectaron a más de 30.000 personas con el VIH y la hepatitis C durante décadas.
Un grupo de afectados por el escándalo se manifestarán este domingo junto al Parlamento de Westminster para marcar el final de la investigación, la mayor de sus características que se haya realizado en el Reino Unido.
Los medios británicos estiman hoy que la investigación independiente que ha dirigido el antiguo juez Brian Langstaff, que se abrió en 2017 por orden de la entonces primera ministra, Theresa May, ordenará al Estado pagar indemnizaciones por valor de más de 10.000 millones de libras (11.600 millones de euros).
Hace un año, el propio Langstaff ya señaló que no solo los enfermos, sino también familiares y parejas de fallecidos deberían recibirán un mínimo de 100.000 libras (116.000 euros) en compensaciones individuales.
Durante las décadas de 1970 y 1980, miles de personas que requirieron transfusiones de sangre y medicamentos para la hemofilia en la Sanidad pública (NHS) fueron expuestas a sangre contaminada con VIH, Hepatitis B, C y enfermedades virales crónicas resultado de la falta de análisis eficaces que controlasen las donaciones de sangre.
Sangre contaminada con hepatitis C siguió usándose hasta 1991, dos años después de que el virus fuese identificado formalmente.
Según las estimaciones, más de 30.000 pacientes del NHS pudieron haberse contagiado, y a lo largo de los años unos 2.900 adultos y niños murieron como consecuencia de uno de los mayores desastres sanitarios en la historia del país.
En los años 70 se introdujo un nuevo tratamiento contra la hemofilia que requería una gran cantidad de reservas sanguíneas, lo que obligó al Reino Unido a importarla de Estados Unidos, donde los donantes -muchos de ellos de grupos de riesgo como drogadictos, trabajadores del sexo y presos- recibían un pago por su sangre.
Tras décadas de una campaña liderada por el periódico ‘The Sunday Times’ y por políticos como la diputada laborista Diana Johnson, May aceptó en 2017 crear una investigación pública del escándalo, que comenzó sus trabajos en septiembre de 2018.
Hasta el momento, pese a que los sucesivos Gobiernos conservadores han calificado el caso de «tragedia que nunca debió suceder», ningún individuo o institución ha asumido la responsabilidad por los fallos en los controles que posibilitaron lo sucedido, informa Efe.
