El Gobierno francés va a desplegar temporalmente militares para proteger los edificios públicos de Nueva Caledonia y destinar los agentes policiales a tareas de orden público, anunció este lunes el Elíseo.
Se trata de la decisión más importante adoptada en la nueva reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezada por el presidente Emmanuel Macron, que tuvo lugar en la tarde de hoy para repasar la evolución de la situación.
Algunos contingentes militares ya están desplegados desde la semana padada, tras la proclamación del estado de emergencia, a fin de proteger el principal aeropuerto del territorio, cerca de la capital Neuméa, y los puertos, pero no patrullando las calles.
En la reunión, la tercera de este tipo desde que comenzaron los disturbios hace una semana, Macron constató un «neto progreso en el restablecimiento del orden» en ese territorio autónomo francés del Pacífico Sur.
Durante la jornada del lunes, las autoridades anunciaron la reapertura de la carretera entre Nouméa y el aeropuerto internacional de La Tontouta tras la retirada de 76 barricadas.
Los agentes van a continuar la vigilancia es esa zona para evitar que las barricadas «sean reconstruidas», anunció en rueda de prensa el alto comisario del Gobierno en ese territorio autónomo, Louis Le Blanc.
El control de los 46 kilómetros de carretera entre la capital y el aeropuerto de La Tontouta, en la isla Grande Terre, la única de cierta entidad del territorio, se había convertido en una cuestión clave para las autoridades.
Le Franc anunció también que los grupos especiales de la Gendarmería (GIGN) van a realizar operaciones de hostigamiento contra los grupos independentistas que construyen barricadas y atacan comercios e infraestructuras.
El alto comisariado anunció que se mantienen el toque de queda a las 18.00 hora local, así como la prohibición de las grandes reuniones, el transporte de armas y la venta de bebidas alcohólicas.
Desde que comenzaron los disturbios hace una semana, ha habido seis muertos (dos de ellos, gendarmes) y hay al menos 240 detenciones, y han sido incendiados comercios y automóviles en un número todavía sin cuantificar.
«La prioridad es restablecer el orden legal», aseguró al canal BFMTV la portavoz del Ministerio del Interior, Camille Chaize.
El Gobierno envió la semana pasada un refuerzo de mil policías y gendarmes que se unieron a los 1.700 agentes ya destinados en el territorio.
Los presidentes de tres otros territorios franceses de ultramar (Reunión, Martinica y Guayana), han firmado una petición, junto con 16 diputados y senadores y un diputado europeo de esas circunscripciones, para solicitar al Gobierno de París la «retirada inmediata» del proyecto de reforma del censo de Nueva Caledonia, origen de los disturbios.
A pesar de que ahora «hay una relativa calma» podría haber «nuevos brotes» de violencia con un posible «efecto contagio» en otros territorios de ultramar, advirtió hoy a la radio pública Grabriel Serville, presidente de la colectividad de Guayana.
Hoy también llegaron a Francia los féretros de los dos gendarmes muertos la pasada semana en Nueva Caledonia, uno de 22 años que recibió un disparo en la cabeza y otro de 45 fallecido después de que a un compañero se le disparara el arma de manera accidental.
El estado de emergencia declarado tras el primer consejo de defensa del pasado miércoles tiene una vigencia de doce días y una eventual prolongación debe recibir el visto bueno de las dos cámaras del Parlamento.
La alcaldesa de Nouméa, la macronista Sonia Lagarde, expresó hoy a la radio pública su «temor a que el presidente se vea obligado a prologar» el estado de emergencia.
La principal aerolínea con vuelos internacionales en el territorio, Aircalin, anunció hoy que no reanudará sus operaciones al menos hasta el próximo jueves debido a la continuación del cierre del aeropuerto a las actividades civiles.
Y la Universidad de Nueva Caledonia informó de que su campus de Nouméa permanecerá cerrado de forma indefinida.
