El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado que se dicten órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra los principales dirigentes de la organización terrorista palestina de Hamás, entre ellos, el líder Yahuya Sinwar, bajo las acusaciones de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Dado que el estado de Israel no ha suscrito el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la autoridad del citado tribunal, no vamos a entrar en la virtualidad de las órdenes de detención sobre los mandatarios israelíes, pero sí conviene señalar que, en términos generales, parece de dudosa legalidad la decisión de la Fiscalía del CPI, por cuanto el Tribunal tiene carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, que, en principio, tendrían la primacía en la investigación de los crímenes objeto de la jurisdicción del CPI.
Es una cuestión nuclear en el asunto que nos ocupa porque el Estado de Israel, en su calidad de democracia consolidada, está dotado de un sistema judicial independiente, que vela por el cumplimiento de la leyes y la aplicación de la justicia, y sobre el que recae la investigación de los delitos, incluso, los que se puedan cometer en tiempos de guerra, y la sanción de los culpables, militares o no.
Ciertamente, la existencia de un Poder Judicial independiente no es uno de los elementos que caractericen a la dictadura teocrática que gobierna la franja de Gaza, encarnada en Hamás, como tampoco existe un Poder Legislativo que no responda en exclusiva a la camarilla gobernante. Con estas consideraciones, queremos situar en sus términos exactos lo que va de una democracia consolidada a una organización terrorista y señalar lo impropio de la igualación que ha hecho el fiscal jefe de la CPI entre los representantes del gobierno israelí y los jefes de Hamás, en una toma de postura equidistante que en nada favorece la apariencia de imparcialidad del Tribunal.
Con ello, por supuesto, no tratamos de negar la tragedia que ha caído sobre la población civil de Gaza ni los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los militares israelíes, con miles de víctimas colaterales, entre otras razones, porque sería inútil una vez que ya se encarga la Prensa libre e independiente hebrea de denunciarlos, así como de dar voz pública a los ciudadanos israelíes que rechazan la actuación de su gobierno, algo impensable en los territorios bajo la bota islamista.
Los dirigentes de Hamás, que llevan décadas atacando a Israel con todos los costosos medios y armas a su alcance, que han gastado ingentes sumas de dinero y esfuerzos en tender una red de túneles bajo las infraestructuras civiles de la Franja de Gaza, incluidos escuelas y hospitales, y que utilizan a su propia población como escudos humanos, han desatado un nuevo capítulo de horror en este conflicto interminable. Ahí sí que tiene mucho campo el fiscal Kham.
