El 15 de febrero de 2022, una carta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advertía a la empresa que gestiona el abastecimiento de agua de la provincia de Córdoba, Emproacsa, dependiente de la Diputación, de que era “completamente necesario reforzar las garantías de abastecimiento que es muy insuficiente con la capacidad que tiene el embalse de Sierra Boyera”, que surte de agua a los 80.000 habitantes de los valles de Los Pedroches y El Guadiato. El 9 de abril de 2023, un año y dos meses después, se certificaba que la sequía había secado del todo ese pantano, el primero en agotar sus reservas de toda España. Ocho días después, la Junta de Andalucía prohibía a sus vecinos el agua de boca, bombeada de urgencia desde el embalse cercano de La Colada, por su alta contaminación. El lunes 22 de abril, tras 370 días, un escueto tuit del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciaba que los 23 municipios y 17 aldeas afectadas podían volver a beber del grifo con normalidad.
Lecciones aprendidas de Sierra Boyera: “No queremos una bolsa llena de promesas”
