Los abusos sexuales sufridos en la infancia constituyen un problema de salud pública. Así, por lo que a España se refiere, según un informe de 2023, elaborado por GAD3 con más de 8.000 entrevistas a personas adultas, el 11,7% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia o adolescencia, con una sobrerrepresentación del género femenino en una proporción de tres a uno. Frecuentemente son personas cercanas afectivamente a la víctima —sobre todo familiares, pero también profesores, entrenadores deportivos, monitores o sacerdotes— quienes han perpetrado tales abusos, aprovechándose de la relación asimétrica existente entre los adultos y los menores. La relación de poder y la capacidad de seducción de los adultos, potenciadas por coacciones más o menos sutiles, como regalos o tratos de favor, explican la acomodación del menor y el mantenimiento de estas conductas durante períodos prolongados de tiempo, con la agravante que ello implica para la salud mental de las víctimas.
