Desde un punto de vista objetivo, la puesta en marcha de un Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria como el que ha anunciado el Ministerio de Sanidad podría constituir una excelente noticia.
A pesar de la clásica inutilidad de los observatorios en la práctica administrativa, la creación de uno específico de este tipo en un área que mueve tanto dinero podría ayudar a corregir malas prácticas y a evitar tentaciones peligrosas que luego vacían los bolsillos públicos.
A lo largo de su trayectoria profesional, todos los agentes que operan en el sector han tenido noticia de actuaciones irregulares, otras que bordean la legalidad y unas pocas que directamente la quebrantan. El pastel sanitario es suculento y siempre hay bocas, afortunadamente escasas, dispuestas a comérselo a dentelladas.
El contexto en el que se produce su constitución, en pleno esperpento sanchista, no invita sin embargo al optimismo. Cuando estamos a las puertas de una ofensiva sin precedentes democráticos en España contra dos de los principales contrapoderes del Gobierno como son los jueces y los periodistas díscolos, cabe preguntarse si el nuevo órgano no será en realidad una nueva treta, otra más, del Gobierno de Sánchez para atacar bajo una apariencia de seriedad a sus rivales sanitarios o, al menos, poner en solfa sus actuaciones.
Cabe aquí preguntarse qué es lo que entiende el actual Ministerio de Mónica García por fraude o corrupción sanitaria. ¿Cargará, por ejemplo, contra ex altos cargos que están imputados por presuntas compras irregulares de materiales, como ocurre ahora, o usará el observatorio para reanudar la cacería contra Ayuso por su apuesta por la colaboración público-privada o el levantamiento del Hospital Isabel Zendal?
