Más de nueve años después de su entrada en vigor, parece abrirse un camino claro para —esta vez sí— acabar con los aspectos más regresivos de la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza. Los dos socios del Gobierno y EH Bildu han llegado a un acuerdo —anunciado ayer y al que ERC y el PNV ya han adelantado que se sumarán— para desbloquear una reforma que llegó a estar avanzada en 2023 y que terminó fracasando por las desavenencias entre los propios partidos comprometidos en la necesidad de cambiarla. Las cuatro principales discrepancias de entonces se resuelven en el pacto con la izquierda abertzale, de forma que las pelotas de goma usadas por los antidisturbios se sustituirán progresivamente por medios “menos lesivos” y en seis meses desde que la nueva norma entre en vigor se abordará una reforma de la ley de extranjería para mejorar la salvaguarda de los derechos de los inmigrantes en situación irregular. La intención es poner coto a las llamadas devoluciones en caliente (nada más cruzar la frontera), avaladas por el Constitucional pero muy cuestionadas.
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