Tras finalizar las vacaciones veraniegas llega la dura realidad. Los únicos socios que tiene seguros, entregados y sin problemas internos son el PNV y Bildu, controlada por los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. El resto está inmerso en problemas internos o cabreados con Sánchez. La situación en Sumar es un auténtico disparate con una exlíder que es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y habiendo retrocedido en todas las elecciones que se han celebrado. El fracaso de las europeas, donde Podemos consiguió dos eurodiputados, muestra que es un proyecto agotado que necesita refundarse. Es cierto, también, que el problema para el presidente del Gobierno no es que le dejen de apoyar, algo que no está en el guion, sino la necesidad que tienen los comunistas y antisistema de tener un terreno propio. Lo lógico sería que se desprendieran de la vicepresidenta y pusieran alguien al frente que pudiera liderar esta nueva etapa. No es fácil, pero necesitarían tender puentes con Podemos. La división en la izquierda radical es muy perjudicial para sus intereses.
La situación más compleja la afronta con el independentismo catalán al que ha traicionado en numerosas ocasiones desde que es secretario general del PSOE. No es una persona fiable. La cuestión ahora se centra en el concierto y el cupo. María Jesús Montero asegura que no está previsto, aunque los dirigentes de ERC salieron de la reunión asegurando que es lo que habían pactado. En este caso, me creo más a estos últimos que a la vicepresidenta. Por otra parte, su opinión o posición en este tema tiene la misma relevancia que la que pueda expresar mi perra Lolita. Es algo que depende, únicamente, de la voluntad de Sánchez que es fuente de todo poder en el PSOE. Y a quien no le guste ya sabe donde está la puerta. Es bueno aclarar este extremo para que nadie se confunda. En cualquier caso, que nadie espere ningún gesto heroico de Montero o de algún dirigente socialista con cargo, porque su prioridad es seguir en el poder. Han unido su suerte al inquilino de La Moncloa y muchos no tienen donde ir si son cesados. Nada que ver con los tiempos de Felipe González.
ERC no puede permitir que le engañen otra vez. Puigdemont y su equipo se están frotando las manos, porque si se confirma que no habrá concierto, es igual como se llame, sus rivales están acabados. En unas autonómicas sacarían peor resultado que el que obtuvo Heribert Barrera en 1984 que se quedó con 5 diputados. En cualquier caso, hay que ver que sucede en el Congreso para ver si se impone Oriol Junqueras o Marta Rovira, con el candidato títere que impulse. No gobierna ni Cataluña ni Barcelona, por lo que hay mucha gente que se ha quedado sin cargo. En el caso de Junts, hay una unidad muy sólida alrededor del liderazgo de Puigdemont. Al margen de la propaganda inconsistente de La Moncloa y sus tentáculos mediáticos, la realidad es que no solo no hay alternativa, sino que todo el mundo está al lado del expresidente catalán. Los sanchistas tienen la mala costumbre de confundir sus deseos con la realidad. Tras las traiciones que ha sufrido y la desconfianza profunda que tiene al líder del PSOE, no existe ningún incentivo para apoyarle en el Congreso.
A esto hay que añadir que saben perfectamente que su objetivo era la destrucción política de Puigdemont y su equipo. En su día era meterle en la cárcel, al igual que ahora, y así esperar que surgiera un nuevo liderazgo más sumiso. Es cierto que hay algún trepa que anda pululando por el Parlament tras el sueño de traicionar a Puigdemont y sustituirle. Lo tiene francamente mal. Ha sabido rodearse de gente tan leal como eficaz como son Turull, Rull, Batet o Nogueras. Con este panorama parece difícil que Sánchez pueda sacar adelante unos presupuestos, pero, además, está el factor ideológico ya que Junts es una formación de centro derecha que nada tiene que ver con un gobierno de coalición de izquierda radical y populista. Las urnas no dieron una mayoría progresista en el Congreso. Es uno de los camelos propios de la propaganda monclovita.
Sánchez tiene a su favor el férreo control que ejerce Conde-Pumpido sobre el Tribunal Constitucional que garantiza que las interpretaciones que se realicen se ajusten a sus intereses. La constitucionalidad o no de una norma solo depende de la arbitrariedad de Conde-Pumpido que ha renunciado al ejercicio ecuánime de su función para convertirse en el jurista de cámara del sanchismo. Una prueba de ello son las garantías que el Gobierno ha ofrecido a Puigdemont de que la amnistía será declarada constitucional. Lo mismo se puede interpretar sobre la prórroga de los Presupuestos o la imposición de un sistema de concierto que entra en contradicción directa con la previsión constitucional. En todos estos casos, Moncloa transmite a sus interlocutores que no hay problema mientras Conde-Pumpido esté al frente del Tribunal Constitucional.
El factor más grave de desestabilización reside en el frente judicial que afecta a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno. Más allá de la ofensiva de la izquierda mediática y el nerviosismo que impera en La Moncloa, la realidad es que las dos instrucciones siguen su marcha y el desgaste es enorme. Es cierto que nada de esto hubiera sucedido si la instrucción corriera a cargo de la Fiscalía, se limitara la acción popular y se pudiera amordazar a los medios de comunicación como pretende el denominado «plan de regeneración democrática». El nivel de presión y descalificación que sufren los jueces no tiene parangón en la Unión Europea y solo es equivalente a lo que hace la izquierda populista en Iberoamérica. Por tanto, Sánchez no tiene una mayoría sólida que le permita gobernar, aunque no le importa porque su único objetivo es seguir en La Moncloa.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
