Se anunció el parto de los montes y lo alumbrado fue un ratón. Se desplegó toda la parafernalia jurídica disponible, se atendió a las reclamaciones de los afectados que terminaron golpe a golpe y verso a verso escribiendo una ley exculpatoria a su medida, se levantó un argumentario justificativo armado para convencer a los más escépticos, se dispuso la escribanía necesaria para reinventar la historia; se hizo todo lo técnica, política y humanamente posible, y al final, la montaña parió un pequeño roedor indefenso ante la contundencia de la verdad jurídica. O al menos frente a la interpretación más elevada de esa verdad, la del Tribunal Supremo. La razón de las leyes siempre es descifrable, no hay una verdad única. Qué sentido tendría si no la existencia de tribunales para aplicarlas. Negarle a la Justicia esa capacidad es mutilar uno de los poderes sobre los que se sostiene el sistema democrático. Resulta casi ofensivo, pero hay que recordar aquí y ahora que el Poder Judicial no solo aplica las leyes que salen del Legislativo o propone el Ejecutivo: la idea de reparto de poderes compromete además al equilibrio entre ellos para evitar inflamaciones y excesos.
Las lumbreras que anunciaban el parto de los montes se aplicaron en diseñar al milímetro una ley a la carta, pero no midieron bien la consistencia del reparto democrático de poderes. Lo prepararon todo con la concentrada precisión de un crimen perfecto, olvidando que ni la policía es tonta, ni las leyes se aplican fuera del escenario de garantías judiciales. Recordará bien el lector cómo se fue reescribiendo una y otra vez la Ley de Amnistía siguiendo los pasos que daba el juez García Castellón, pistas de por dónde no ir. Tenían, además, que sortear un obstáculo no menor, una cuestión de imagen y también de eficacia: amnistiar los delitos de malversación (corrupción, hablando claro ), no iba a ser aceptado ni por la ciudadanía española ni por la justicia de la Unión Europea. Encontraron entonces la fórmula perfecta: dividimos malversación y amnistiamos solo a los que no se han llevado la pasta a casa.
Hecha la trampa, salió la Ley con ínfulas de criatura sobrenatural. Y con la Justicia se ha topado. Además, en su propio terreno. Porque ha sido precisamente esa fórmula de diferenciar malversaciones la que ha utilizado el Tribunal Supremo para que lo parido por la montaña sea finalmente un ratón: los supuestos beneficiarios de la amnistía sí incurrieron en ese supuesto de llevarse la pasta a casa que no se amnistía. ¿Por qué?, porque destinaron dinero público que administraban a lo que no pudieron o quisieron hacer con el suyo: sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener ese carácter.
Ahora se lamentan: unos llaman mentirosos a los otros y los otros señalan con más o menos sutileza la maldad interesada de los jueces del Supremo.
Volverán las oscuras acusaciones de lawfare y otras despectivas lindezas, arreciarán los insultos y acusaciones a los jueces, fachas ellos y contrarios al progreso, se intentará reescribir desde el desconcierto y la sorprendente sorpresa (no me puedo creer que no calcularan esta posibilidad de respuesta) la historia de este tiempo de desatinos.
Pero al igual que tras el procés y el juicio que condenó a sus responsables, el anunciado parto de los montes fue un ratón porque había un dique de solidez judicial que seguirá garantizando que en España la justicia es igual para todos.
