Los abogados y los procuradores de España están en pie de guerra. El colectivo lleva una racha complicada: por la huelga de los funcionarios de Justicia, que mermó sus ingresos en 2023; porque el turno de oficio lo cobran tarde y mal; y ahora también porque el dinero que van a percibir al jubilarse no les permite a muchos de ellos vivir dignamente.
Las coberturas adicionales
Aunque el foco del conflicto entre los mutualistas y la Seguridad Social se ha puesto en las insuficientes rentas que están percibiendo algunos de ellos al jubilarse, el problema va más allá.
Cuando se cotiza a la Seguridad Social no solo se tiene derecho a cobrar una pensión de jubilación, también se incluyen prestaciones por maternidad y paternidad, por incapacidad permanente y temporal, derecho a cobrar una pensión de orfandad o de viudedad, auxilio para los gastos de defunción…
En el caso de la contribución a mutualidades, las coberturas incluidas son mucho más limitadas. “Nos dicen que aportamos menos, pero es que también recibimos mucho menos, con unas bajas por enfermedad o incapacidad casi inexistentes”, apunta la abogada Isabel Jiménez Amor.
El abogado Daniel Gonzálvez Mas, diagnosticado de cáncer linfático, lleva meses denunciando en redes sociales que haber aportado a la Mutualidad de la Abogacía en lugar de cotizar ha hecho que “solo pueda tener 365 de incapacidad permanente, frente al periodo ilimitado de la Seguridad Social”. En el caso de la incapacidad por enfermedades de salud mental, los mutualistas solo pueden beneficiarse de 60 días en toda su vida laboral.
Para tratar de hacer más atractivo el sistema mutualista, la Mutulidad tiene previsto aprobar en asamblea la mejoría de las coberturas en salud mental y oncológica. También se ofrecerá una nueva cobertura de incapacidad permanente profesional, previo pago de una cuota entre 10 y 15 euros al mes.
