No parece que la postura testimonial del senador y ex presidente de Aragón, Javier Lambán, a propósito de la ley de amnistía vaya a tener repercusiones prácticas en el seno del partido socialista o en el ánimo del Gobierno, pero cometeríamos un error si despreciáramos sus efectos en la opinión pública, que ha podido ver plasmados en la carta del dirigente aragonés los mismos argumentos esgrimidos desde la oposición, la judicatura, la fiscalía, la abogacía y la generalidad de los expertos en derecho constitucional contra la concesión de la medida de gracia a los inculpados por la intentona secesionista catalana.
Tal vez, en La Moncloa hayan dado por amortizado a Javier Lambán tras su derrota electoral y la pérdida del gobierno autonómico, pero hablamos de un político respetado intelectualmente y muy apreciado entre la militancia del partido en Aragón, que, a diferencia de su compañero Emiliano García-Page, no ha querido escudarse en «las reglas» de las mayorías y las minorías para no actuar en conciencia.
No es momento de especular sobre el alcance del expediente, uno más, incoado por la Ejecutiva del PSOE contra su senador, que sigue siendo el secretario general del partido en su región, pero es evidente la incomodidad que traslucen los distintos portavoces gubernamentales a la hora de tratar el caso. El problema para el núcleo duro del sanchismo, con el frente catalán abierto y en vísperas del comienzo de la campaña para las europeas, es que gestos como el de Lambán pueden dar al traste con la estrategia monclovita que pretende dar por cerrada la discusión sobre la amnistía, sacarla de la agenda pública y considerarla como un hecho superado por una ciudadanía que percibe el asunto como indefectible.
Es una política que apuesta sobre el cansancio de una población bombardeada a conciencia con la propaganda de la reconciliación, la generosidad y la normalización de las relaciones con Cataluña, con la que se oculta la realidad de un descarnado intercambio de favores políticos, que pasa por encima de cualquier consideración ética. En definitiva, una compra de apoyos parlamentarios para el beneficio personal de una de las partes.
Precisamente, ese mercadeo es el que ha denunciado el senador socialista con su ausencia en el pleno de la Cámara Alta y con una carta en la que señala que la amnistía «vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley, pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y socava la autoridad moral y política del Estado para hacer frente al independentismo, hoy y en el futuro». Son argumentos que comparten la gran mayoría de los españoles y que reflejan a la perfección la verdad desnuda de lo que significa el «cambio de opinión» del presidente del Gobierno. Esa verdad desnuda a la que Ferraz quiere abrirle un expediente.
