Andalucía registró el año pasado más de 80.000 delitos en materia de ciberseguridad, lo que desvela un incremento del 42,8% respecto a 2022. Hay que destacar, además, el aumento de las estafas informáticas en un 47,6%. Así lo ha asegurado este jueves el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha anunciado que el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía registró en 2023 un 4% más de incidentes (7.800) que el año anterior.
Este crecimiento supera la media nacional española, donde la ciberdelincuencia experimentó un incremento general del 35%, según datos los del Ministerio del Interior.
A nivel europeo, la situación no es menos preocupante, con un incremento del 40% en delitos de ciberseguridad, según los últimos informes de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA). Estas cifras ponen de manifiesto la creciente tendencia de la ciberdelincuencia tanto en España como en Europa, aunque Andalucía supera la media europea en términos de crecimiento porcentual de incidentes.
“Desde Andalucía queremos seguir avanzando en la estrategia andaluza de ciberseguridad”, ha afirmado Sanz, durante su participación en una jornada sobre ciberdelincuencia en la sede de Google en Málaga, para mostrar un compromiso regional que se alinea con las iniciativas nacionales y europeas donde la inversión en capacidades de ciberseguridad se ha intensificado para contrarrestar la creciente sofisticación y volumen de ataques cibernéticos.
El consejero ha recalcado que “no podemos dar respuestas individuales a problemas que son globales”, defendiendo la apuesta de la Junta por la colaboración entre administraciones y empresas, tanto en el ámbito público como privado, con el objetivo de crear una cultura adecuada de la ciberseguridad que ayude a la ciudadanía y a las empresas a protegerse frente a las amenazas en el ámbito digital.
Con la reciente creación de la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía y el lanzamiento del Clúster de Ciberseguridad, que aglutina a más de 60 entidades entre empresas y organizaciones públicas y privadas, Andalucía se posiciona como un referente en la lucha contra la ciberdelincuencia. La iniciativa andaluza muestra la importancia de la colaboración multisectorial, una estrategia también adoptada en otras partes de España y Europa, y subraya el potencial económico del sector. “Hoy la ciberseguridad representa un negocio que alcanzará los 10,5 billones de dólares en 2025”, ha indicado el consejero, poniendo en contexto la importancia económica de este sector a nivel global.
La inversión de 114 millones de euros en nuevos contratos de ciberseguridad por parte de la Junta de Andalucía es, según ha expresado Sanz, una apuesta decidida por la digitalización y la seguridad informática, un esfuerzo que se alinea con las tendencias nacionales y europeas de incrementar la inversión en tecnologías de la información y ciberseguridad para hacer frente a los crecientes desafíos digitales. Esta partida, según ha explicado Sanz, se divide en 62 millones de euros –a repartir en cinco años– para el desarrollo de un nuevo sistema de automatización de todos los procedimientos de la administración autonómica que tienen que ver con la ciudadanía y 52 millones de euros –en cuatro años– para que la administración andaluza sea “cien por cien digital en 2030”, para lo que la Junta ha destino “mil millones hasta 2027, de los que ya se han ejecutado más de 200”, ha explicado el consejero.
El consejero ha incidido en que el año 2024 va a ser el de la consolidación de la ciberseguridad en Andalucía, con la creación de la Agencia de Ciberseguridad incluida en el borrador del anteproyecto de la nueva Ley Andalucía Digital que se publicará en breve.
Junto a esta nueva agencia, Sanz ha destacado el esfuerzo realizado para dotar de herramientas con las que hacer frente a las amenazas de los ciberdelincuentes. Herramientas, como el sistema de detección y respuesta en equipos finales (EDR), puesto en marcha recientemente en la Junta, o el nuevo sistema de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), que ese empezará a desplegar en breve y que incrementará las capacidades de detección y alerta de la administración andaluza y que cuentan con una inversión de más de 30 millones de euros.
