Tras el proyecto de financiación singular y el decreto que pretende regular, más estrictamente, las viviendas de uso turístico en Cataluña, el Govern sorprende ahora con una nueva propuesta. Todas ellas desde que decidiera convocar elecciones y con el punto de mira, según asegura la oposición parlamentaria, en validar un mandato que ha terminado antes de lo previsto por la incapacidad del ejecutivo de reunir los apoyos necesarios para aprobar unos Presupuestos. Se trata ahora de un plan de viabilidad jurídico-constitucional para el referéndum de independencia pactado con el Estado que la dirigente de ERC, Marta Rovira, aseguró que se está negociando con el Gobierno central, que niega la mayor pese a comprometerse tanto con los republicanos como con Junts a explorar el entendimiento en estos términos en el marco de la investidura de Pedro Sánchez.
Lo presentará mañana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una rueda de prensa en Palau, y la propuesta tiene las bases en un encargo del ejecutivo al Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), fechado en octubre de 2023. Esta institución, dependiente del propio Govern, tenía por misión “concretar los instrumentos jurídicos para celebrar un referéndum”. Como adelanta El Periódico, mañana se sabrá si esta propuesta se remite a la ya explorada en 2013, por la cual el Gobierno debía ceder las competencias para celebrar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución, o sugiere una fórmula alternativa. De cualquier forma, el uso “electoralista” de las instituciones gubernamentales en funciones está en entredicho, pues quedan apenas cinco semanas para las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Es, por otra parte y sin duda, un golpe maestro de ERC, que exigirá una respuesta del PSOE en Madrid que puede alterar la expectativa de voto a unos socialistas encabezados por Salvador Illa que aparecen como indiscutible primera fuerza en todas las encuestas electorales.
