Veintiséis años después de que el Estado abandonara el accionariado de Telefónica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acaba de comunicar que ya tiene en su poder un 3% del capital de la operadora —unos 700 millones de euros—, una participación que el Gobierno quiere elevar al 10% “en el menor tiempo posible y siempre que no afecte a la cotización”. Pese a la falta de Presupuestos para 2024, la compra de acciones por parte del ente público se va a financiar con cargo al capítulo ocho de las cuentas prorrogadas de 2023, por lo que no afecta al déficit público. La SEPI acata así la orden que recibió del Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, en la que se acordó la compra de acciones de la compañía en respuesta a la entrada de la operadora saudí STC en el capital social de la teleco española.
Cambio de época en Telefónica
