El departamento de Territorio de la Generalitat ha empezado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio del alquiler, según ha anunciado este lunes la consellera, Ester Capella.
De esta modo, otros 131 municipios se suman a los 140 que, el verano pasado, ya se declararon como “zona tensionada” en Cataluña. La medida, en total, afectará a un 90% de la población catalana (una zona donde viven más de 7 millones de habitantes).
De hecho, este martes se cumple un mes de la entrada en vigor de esos topes en el alquiler, con los que se pretende frenar el aumento de los precios, especialmente en localidades del área metropolitana de Barcelona y del litoral.
La ampliación afecta a municipios de más de 2.000 habitantes repartidos por la geografía catalana, incluida la zona de la Val d’Aran (Lleida), que lo había solicitado y que este lunes ha celebrado su Comisión de urbanismo, presidida por Capella en Vielha.
Los nuevos municipios deben cumplir alguno de los requisitos que marca la Ley estatal: que las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, y que el precio de alquiler o compra de vivienda haya experimentado en los últimos 5 años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.
Cataluña fue la primera comunidad autónoma de España en aplicar estos límites a los precios del alquiler, que según la Agència de l’Habitatge de Catalunya, bajaron un 5,4% en el primer trimestre de este año, una media de 1.399 euros, y aumentaron un 10,5% respecto al cuarto trimestre de 2022.
