Se desarrollará en un lúgubre juzgado a pocas manzanas del Ayuntamiento de Nueva York, al lado mismo de Chinatown, con una trama en la que se mezclan dinero negro, una estrella del porno y un acusado de probada incontinencia verbal que en 2016 llegó contra pronóstico —después de proferir barbaridades sobre las mujeres o los inmigrantes— a la presidencia de EE UU. El primer juicio penal contra Donald Trump, de los cuatro que afronta (los otros son dos intentos de pucherazo y uno de retención de documentos clasificados), arranca este lunes en Manhattan en medio del habitual clamor mediático y con las espadas en alto: la candidatura del acusado a la reelección en las elecciones de noviembre añade mordiente al espectáculo. Algunos comparan el nivel de escrutinio mediático con el del juicio de O. J. Simpson hace casi tres décadas. Otros se preguntan si pondrá a prueba la institución de la justicia y el concepto mismo de que ningún individuo está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente, el primero en la historia de EE UU en semejante tesitura.
Las maniobras dilatorias de la defensa lastran los procesos pendientes
El único denominador común de los cuatro procesos penales que afronta Donald Trump, acusado de un total de 88 delitos, es que en todos ellos se ha declarado “no culpable”, el equivalente a inocente en el sistema judicial estadounidense. Los de Washington y Georgia, por interferencia electoral, son de índole más política que el de Manhattan, y teóricamente más graves. El de Florida, por retención de documentos clasificados, atañe a la propia seguridad nacional. Ninguno de los tres restantes tiene fecha, tras numerosos retrasos y apelaciones, otra característica de todos los procesos: las maniobras dilatorias de la defensa. Por orden de imputación (el primero fue el de Manhattan), son los siguientes:
Los papeles de Mar-a-Lago
Previsto inicialmente para el 20 de mayo y luego retrasado, se refiere a la tenencia ilícita de materiales clasificados que el expresidente se llevó de la Casa Blanca en enero de 2021 y guardó en su residencia particular de Florida, de nombre Mar-a-Lago. Un registro del FBI en agosto de 2022 encontró 48 cajas de material, incluidos un centenar de documentos de acceso restringido, en varias dependencias de la mansión, incluido un cuarto de baño. Una treintena hacía referencia a planes de contingencia de alto secreto para atacar un país extranjero (Irán).
El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia para hacerse cargo de este caso y el relacionado con los intentos de anular las elecciones de 2020, acusa a Trump de unos 40 delitos de tenencia ilícita de documentación clasificada y violación de la ley de espionaje, incluido el intento de borrar imágenes de las cámaras que vigilaban la mansión tras recibir una orden judicial para su entrega.
El intento de revertir el resultado electoral de 2020
Es la imputación más grave y se refiere a los sucesos protagonizados por Trump, sus asesores y simpatizantes en el periodo entre su derrota electoral en las presidenciales de noviembre de 2020 —que dieron la victoria al demócrata Joe Biden— y el 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios suyos asaltó el Congreso para impedir la certificación de la victoria del actual presidente. El fiscal Smith le ha imputado por cuatro cargos: manipulación de testigos, obstrucción de un procedimiento legal y conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense y para violar derechos civiles.
Previsto en principio para el 4 de marzo, los recursos de la defensa, que han llegado hasta el Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones rechazara su inmunidad en el caso, han dilatado sine die su inicio.
Intento de pucherazo en Georgia
La cuarta imputación se trata también de un intento de pucherazo, pero, a diferencia de la de Washington, no es federal, sino estatal, y se circunscribe al Estado de Georgia. Trump presionó a funcionarios electorales del Estado para cambiar la suma de los votos, que dieron el triunfo a Biden por menos de 12.000 papeletas. También ha sido objeto de investigación la manipulación irregular en los sistemas informáticos de las máquinas de votación electrónica en un condado rural y un intento de recurrir a electores falsos para que votaran por Trump.
El conflicto de intereses derivado del romance entre la fiscal del caso, Fani Willis, y el fiscal especial que contrató para la investigación ha estado a punto de hacer descarrilar el proceso, pues la defensa de Trump recusó a Willis aunque un juez rechazó el mes pasado su intento. El pasado día 4, un juez de Atlanta desestimó también la petición de los abogados del expresidente de ser exculpado, argumentando que estaba haciendo uso de su libertad de expresión cuando trató de alterar el resultado electoral en Georgia.
