Edificant fue la gran apuesta para la construcción de centros educativos del Consell de coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem. Entre 2018 y 2023 el Botànic presupuestó un total de 1.639 millones de euros, pero solo ejecutaron 377 millones, un 23 por ciento. Ni siquiera acabó una cuarta parte.
Perdidas las elecciones, trataron de dar un impulso en el tiempo de descuento y la entonces consellera de Educación, Raquel Tamarit, firmó el 12 de julio Raquel Tamarit, cuando ya estaba en funciones, una resolución de delegación de competencias de 15 obras en 12 municipios por un 65,5 millones de euros. Seis de estos municipios están gobernados por el PSPV, cinco de Compromís y uno quedó en manos del PPCV tras el 28 de mayo por un pacto con independientes (Benicarló).
Los municipios son: Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Borriol, Betxí, Mislata y Benicarló.
Este es el primer análisis que hace la Conselleria que dirige José Antonio Rovira en un asunto sobre el que la oposición ha centrado sus críticas y que apunta por convertirse en uno de los centrales de la legislatura en lo que a Educación se refiere.
Compromís y PSPV acusan a la Generalitat de paralizar las obras de estos centros e incluso han apoyado las concentraciones celebradas para protestar por la supuesta paralización de los proyectos aplicando «recortes que suman 122 millones».
La Conselleria de Educación no tiene intención de anular esta línea de actuación, aunque sí está revisando el plan.
El director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, ha aportado nuevos datos sobre la situación en la que se encuentra este plan y ha acusado a la exconsellera Tamarit de mentir cuando afirmó que las obras de Edificant tenían la conformidad de la Intervención General.
Tramitación irregular
Valcárcel ha recordado que Tamarit firmó una ampliación de delegación de competencias en 12 municipios el 12 de julio, una semana antes de que tomara posesión el nuevo conseller, José Antonio Rovira.
«Faltó a la verdad en la firma de los documentos al señalar, en el punto 6 de los mismos, que la resolución ‘ha estado previamente fiscalizada de conformidad por la Intervención General’ (sic), aunque el informe de la Intervención no existe hasta el 29 de septiembre». El responsable de Infraestructuras Educativas ha insistido en que la Abogacía pone en cuestión el hecho de que la exconsellera firmase las citadas «delegaciones» estando en funciones, y «faltó a la verdad en la firma de los expedientes».
Así, Valcárcel ha explicado que durante el tiempo que el Botànic estuvo en funciones la Intervención no fiscalizó contratos, y fue en septiembre cuando comenzó a revisar los expedientes que quedaban pendientes, entre ellos los de Edificant.
Es en ese momento cuando el equipo actual de la Conselleria conoce que se habían dejado comprometidos 65,5 millones de euros en obras, cuestión que no comunicaron durante el traspaso de poderes.
Fue en ese momento cuando se anuncia la «apertura de un expediente de lesividad» sin que esto suponga que se paralicen las obras, «se harán las que tengan que hacerse si el estado de los centros así lo requiere».
