No es cuestión de caer en angelismos ante las comisiones parlamentarias que comienzan su andadura en el Congreso y el Senado puesto que serán las respectivas mayorías partidarias las que, con toda probabilidad, marquen las conclusiones de las mismas. Y, sin embargo, erraríamos si consideramos que ambas actuaciones son parejas en su motivación y en su presumible desenlace. Fundamentalmente, porque, a todas luces, la Comisión del Congreso representa una banal táctica defensiva de los partidos que sustentan al Gobierno, especialmente el PSOE, que es la formación actualmente tocada por los clamorosos casos de corrupción de la trama Koldo y sus derivadas.
Frente a esta realidad, la investigación política de la Cámara Alta va a examinar y reclamar, en su caso, las responsabilidades adquiridas por aquellos responsables que hoy ejercen el poder desde diversos puestos institucionales o están estrechamente vinculados al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y que, por supuesto, se amparan en su situación de privilegio para no responder de sus actos o no aportar los conocimientos sobre los hechos acaecidos que obran en sus manos por razón de cargo. Nos hallamos, pues, ante una oportunidad inestimable para enfrentar a los representantes de unos de los gobiernos menos transparentes de la historia democrática española con sus actos, sin las veladuras de la potente organización de la propaganda gubernamental y sin más limitaciones que las que aconsejan los procedimientos judiciales abiertos pero que sólo operan en el ámbito penal y no en el de la responsabilidad política.
Llegados a este punto, es cierto que los comparecientes tienen derecho a guardar silencio, pero también lo es que la simple exposición razonada de los hechos bajo sospecha, las propias preguntas no respondidas y el manejo de la documentación apropiada se convierten en instrumentos eficaces a la hora de establecer una verdad que pueda ser expuesta con las mínimas garantías ante la opinión pública española.
Ahora bien, para que la Comisión del Senado cumpla la función clarificadora deseada los representantes del Partido Popular, que son la mayoría absoluta en la Cámara Alta, deben ir a fondo y recurrir a todos los testimonios que se consideren determinantes, por más incomodidad que provoquen en el Gobierno sanchista y por más represalias que se venteen desde las instancias gubernamentales. Se trata, es preciso no olvidarlo, de aflorar un caso de corrupción extendida y cometida cuando España atravesaba una situación de grave emergencia sanitaria y con la actividad parlamentaria suspendida ilegalmente, como luego estableció el Tribunal Constitucional. Y ante el escepticismo de muchos, al menos, la Comisión pondrá negro sobre blanco la realidad que oculta el sanchismo.
