El BNG inicia la nueva legislatura casi en el mismo punto donde dejó la anterior, en una de sus viejas reivindicaciones: el impulso de un nuevo modelo energético para Galicia. Una propuesta para la que la portavoz nacional, Ana Pontón, ha registrado esta mañana dos iniciativas legislativas: una encaminada a la creación de una compañía eléctrica 100% pública; la otra, centrada una tarifa específica para los residentes de la comunidad.
“Frente al negocio privado y especulativo de un puñado de multinacionales, queremos que la energía y los recursos naturales estén al servicio de la sociedad”, ha afirmado Pontón, asegurando que ambas leyes “son complementarias” y servirían para que las familias tengan “un alivio” en las facturas y las empresas gallegas gocen de un “revulsivo de gran impacto” que las haría “más competitivas”.
Una de las iniciativas, a remitir al Congreso de ser aprobada en la Cámara gallega, reclama para Galicia más competencias y una tarifa eléctrica gallega, que será más barata para compensar al País por los cuestes sociales y ambientales de la producción eléctrica. “Llevamos años viendo como nuestros recursos energéticos fueron saqueados por las eléctricas sin que los beneficios redunden en Galicia”, ha advertido la portavoz nacional, quien ha apelado a “acabar con esta injusticia” desde “la unidad y la determinación”.
En este marco, la nacionalista ha sostenido que hacer efectiva la tarifa eléctrica gallega “sólo requiere voluntad política”, insistiendo en que Galicia es exportadora neta de electricidad. En 2023, ha afirmado, Galicia exportó el 42 % de toda la electricidad que produjo.
En la misma iniciativa legislativa el BNG reclama para Galicia más competencias en materia energética, con el fin de poder planificar y ordenar la producción eléctrica, tramitando, por ejemplo, todas las instalaciones eólicas que se proyecten en nuestro territorio.
Empresa pública
La segunda pata del modelo nacionalista pasa por crear una empresa pública de energía que, según Pontón, supondría un “cambio de paradigma” que consiste en “situar la energía y los recursos energéticos como bienes públicos al servicio del país frente al negocio privado y especulativo de una presa de multinacionales”.
Esta, exponen los nacionalistas, estaría adscrita a la consellería competente y tendría cinco grandes ámbitos de actuación, el primero de los cuáles sería atender tanto a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables como su comercialización.
Promover y ejecutar actuaciones en materia de eficiencia, gestión y ahorros energéticos sería el segundo gran ámbito, en el que se incluirían también cuestiones como los sistemas de carga de vehículos eléctricos o sistema de almacenamiento de energía.
La empresa serviría además para promover la creación de comunidades energéticas ciudadanas o de energías renovables -el tercer ámbito- y trabajaría por colocar a Galicia a la vanguardia de la innovación en el campo de la energía -el cuarto-. Finalmente, impulsaría la iniciativa pública energética en todos los ámbitos institucionales participando en la titularidad o financiación de proyectos.
