La Generalitat estudia la sentencia que exime a las empresas de los hermanos Adell Bover, socios del hermano del expresident Ximo Puig, Francis Puig, de tener que devolver 170.000 euros a la Administración autonómica con la intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
“Este Consell no deja de sorprenderse de ver los límites hasta los que podía llegar la inoperancia y la mala praxis de muchas acciones del Gobierno anterior. En este caso son 170.000 euros de todos los valencianos por unas subvenciones al socio del hermano de Ximo Puig que nunca se debieron de conceder”, ha señalado en un comunicado la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino.
La portavoz del Consell ha aludido así a las cuatro sentencias del TSJCV que eximen a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, propiedad de los socios en el negocio audiovisual de Francis Puig, de reintegrar a la Generalitat los 170.819,98 euros mencionados en concepto de subvenciones porque la Conselleria de Educación se los reclamó fuera de plazo.
“Estas sentencias, que no entran a valorar el fondo del asunto, explican que la Conselleria encabezada entonces por Vicent Marzà pudo haber declarado de oficio la caducidad del expediente abierto una vez se le agotaron los doce meses preceptivos para requerir a las empresas la devolución de las subvenciones”, señalan desde la Generalitat.
Eso le hubiera permitido al anterior Consell abrir un nuevo expediente de reintegro al encontrarse dentro del plazo de cuatro años que establece la Ley General de Subvenciones, añaden.
“Después de un año entero para reclamarlas, a la Conselleria de Educación se le ocurrió lo peor, que fue reclamarlas fuera de plazo en lugar de caducar el expediente e iniciar uno nuevo porque entonces había posibilidades”, ha relatado Ruth Merino.
“No sabemos si fue por incompetencia, inoperancia o incluso por connivencia también de Compromís con los socios del hermano de Ximo Puig, pero llegamos a esta chapuza en toda regla que lo que supone es una especie de perdón a determinadas personas a costa de que paguemos ese dinero todos los valencianos”, ha criticado la consellera de Hacienda.
Según Merino, la Abogacía de la Generalitat dispone de 30 días desde la notificación de las sentencias para dar “todos los pasos” y estudiar un posible recurso que permita “recuperar hasta el último céntimo de los valencianos”.
