El Gobierno ha dado los primeros pasos para poner en marcha la auditoría de los bienes incautados por el franquismo prevista en la Ley de Memoria Democrática, un estudio que servirá para impulsar vías de reconocimiento y resarcimiento a los afectados por esas incautaciones.
Según explica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, estas actuaciones tienen como objetivo definir “la hoja de ruta, la identificación de fuentes y tipología de expolios y el diseño metodológico” con el que se hará esta auditoría. Asimismo, se han tomado medidas para determinar qué instrumentos se utilizarán para la recolección de datos, y el análisis e interpretación de los mismos.
En concreto, el artículo 31 de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas “producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.
La auditoría incluirá obras de arte, papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, “así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”, informa Ep. También un inventario de bienes y derechos incautados, incluidos “los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los ateneos, cooperativas y entes asimilados”.
Este pormenorizado estudio debería haber estado listo ya el pasado mes de octubre, pues la ley entró en vigor en octubre de 22 y daba al Gobierno un plazo de un año para realizarla. Desde el Ejecutivo achacan los retrasos en la aplicación de la norma al adelanto de las elecciones generales al verano pasado.
Plazo de tres meses
Ahora, el Gobierno recuerda que a partir de las conclusiones de la auditoría se podrán impulsar “vías de reconocimiento y reparación” para las personas o entidades que sufrieron esas incautaciones, pero no anticipa ninguna fecha para ello.
El pasado mes de febrero, el Pleno del Congreso aprobó una moción pactada entre el PSOE y ERC que daba al Gobierno un plazo de tres meses para el envío a la Cámara de esta auditoria, pero todo indica que este tampoco va a cumplirse.
El Ejecutivo también tiene pendiente regular el procedimiento para que los partidos políticos puedan reclamar la restitución de los bienes y derechos que les fueron incautados entre 1936 y 1939 o la compensación correspondiente. Con ese reglamento, que acumula ya un año de retraso, se prevé dar cumplimiento a lo ya previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 que contemplaba la reforma de la ley de 1998 por la que ya se devolvió a los partidos bienes que les quitó el franquismo.
La norma vigente establece que se fije “un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación” a los partidos de esos bienes y derechos. La moción aprobada por el Congreso en febrero instaba al Gobierno a presentar en la Cámara antes de finales de junio “un informe sobre los avances” para dar cumplimiento a esta previsión.
