El Gobierno ha instado este martes a Aragón ―donde PP y Vox gobiernan en coalición― a revisar la derogación de la ley de memoria que aprobó el pasado 15 de febrero. De lo contrario, en un plazo no superior a seis meses, el Ejecutivo acudirá directamente al Tribunal Constitucional. La decisión se produce cuatro días después de que la ONU instara a España a adoptar “las medidas necesarias” contra las mal llamadas leyes de concordia que otros gobiernos autonómicos de PP y Vox también pretenden llevar a cabo. Esta decisión, por tanto, es un aviso a navegantes a la Comunidad Valenciana y Castilla y León que han anunciado proyectos de leyes similares. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el Gobierno activará el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un mecanismo que emplaza a ambas administraciones a un diálogo bilateral para que ese texto se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores de la ONU.
El Gobierno insta a Aragón a reunirse para revisar la derogación de la ley de memoria de PP y Vox o la llevará al Constitucional
