El macrocomplejo hotelero y de salas de juego que se pretende construir en los municipios de Vila-seca y Salou (Tarragona), el Hard Rock, no únicamente ha sido el motivo principal del adelanto electoral que se vio forzado a convocar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sino también ha sido objeto de una mentira por parte del propio Govern. Los comunes no votaron a favor de los Presupuestos de la Generalitat de 2024, que sí obtuvieron el apoyo -insuficiente- de PSC y ERC, porqué exigían al Govern paralizar la construcción de este macroproyecto. La respuesta del ejecutivo fue que en el acuerdo suscrito con los socialistas en relación a las cuentas no había ninguna partida destinada al Hard Rock, cosa que mantienen, pero ocultaron que treinta minutos antes de cerrar el acuerdo con el PSC se renovó el compromiso de la Generalitat con este proyecto. ERC se esforzó durante aquellos días de intensas negociaciones en poner de manifiesto que no había acción alguna a su alcance para poder paralizar el Hard Rock sin ser severamente sancionados por ello, así como reiteraron que el proyecto no formaba parte de su “modelo de país” e incluso lo rechazaban. Los comunes alegaban que esto no era cierto, que este casino sí había formado parte de las negociaciones, y bajo este pretexto quedaron los Presupuestos sin el visto bueno del Parlament.
El propio Hard Rock sí que tenía partidas presupuestarias destinadas a su construcción en las cuentas de 2023, que paradójicamente salieron adelante con el apoyo de los comunes, junto a los votos de PSC y ERC. De nuevo en el presente curso y media hora antes de firmar el acuerdo presupuestario con los socialistas, el Govern firmó un documento que constaba de dos puntos: el primero de ellos deja sin efecto un acuerdo del propio ejecutivo del 15 de diciembre de 2020 que ordenaba al Institut Català del Sòl (Incasòl) la adquisición y posterior alineación, por adjudicación directa, de los terrenos de 952.000 metros cuadrados de superficie aproximada, incluidos en el Centro Recretativo Turístico de Vila-seca i Salou (Tarragona). En un segundo texto se recoge que se mantiene el encargo al Incasòl para que formalice «con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondan para adquirir y con posterioridad alienar, en unidad de acto y por el mismo precio, por adjudicación directa, los terrenos citados en el punto 1». El secretario del Govern, Xavier Bernadí, firmó digitalmente el documento a las 15:31 horas, cuando se publicó en la web de la Conselleria de Presidencia, y posteriormente se firmó el acuerdo de Presupuestos con el PSC. Este cambio, destinado a proporcionar más garantías a Hard Rock, permite a Criteria solicitar más dinero por el terreno en el futuro. Pese a la importancia del mismo, se ocultó desde el ejecutivo. El Hard Rock si formaba parte, pues, del acuerdo con los socialistas, independientemente de que se destinaran partidas presupuestarias al proyecto, por lo que Pere Aragonès mintió en sede parlamentaria a este respecto, pues dijo que no podían “paralizar” el Hard Rock, pero omitió que lo estaban apoyando.
La plataforma Aturem Hard Rock hizo público ayer un comunicado criticando duramente al Govern: «Una clara voluntad de ocultar esta información a la población». Según esta organización, contraria al proyecto, se trata de una actitud «impropia de un gobierno democrático». Estudian elevar a los tribunales, a su vez, que «la licencia de casino adjudicada fue otorgada de forma fraudulenta»: «la Generalitat debe actuar de oficio y declarar nula la licencia». El Govern salió enseguida en defensa propia alegando que este documento responde a una «actualización en términos técnicos», en palabras de la consejera de territorio, Ester Capella. Aragonès afirmó haber actuado «con transparencia» y lamentó los ataques de sus oponentes políticos, que considera «electoralistas». Los grupos parlamentarios de la CUP y los comunes solicitaron, por su parte, que el presidente en funciones comparezca en la Cámara para dar explicaciones al respecto. La Mesa de la Diputación Permanente del Parlament admitió a trámite ambas peticiones, que también solicitan la presencia de Capella, por ser la responsable de la cartera de Territorio.
