El Senado ha recibido ya el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía, pero se ha quedado sin el pronunciamiento del Consejo Fiscal ya que el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz se ha negado. Sin embargo, el PP no se da por vencido e insiste en que el Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público compuesto por once miembros y presidido por García Ortiz, informe sobre la amnistía: en este sentido, el grupo popular en el Senado, comandado por Alicia García, ha solicitado a la Mesa que tramite una nueva petición.
El Senado solicitó un informe al CGPJ y al Consejo Fiscal el pasado 5 de diciembre, pero el órgano presidido por García Ortiz ha rechazado elaborarlo en una carta remitida el pasado 25 de enero, en la que alegaba “impedimentos legales”. El CGPJ remitió el informe el pasado 21 de marzo, con la inclusión de votos particulares.
En concreto, el escrito del grupo del PP, de cuatro páginas, señala dos preceptos legales que habilitan al Consejo Fiscal a pronunciarse. Por un lado, los populares citan el artículo 10 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, que “establece el deber de la institución de colaborar con las Cortes
Generales, a requerimiento de éstas y siempre que no exista obstáculo legal”, algo que, a su juicio, se da en estos momentos; y, por otro lado, mencionan el artículo 14.4, letra j), de la misma norma, que “atribuye al Consejo Fiscal,
y no al Fiscal General del Estado, que lo preside, la competencia de informar los
proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y
funciones del Ministerio Fiscal”.
En este sentido, según la opinión del PP, “parece
evidente que ningún obstáculo legal existe que pueda impedir al Consejo Fiscal la
emisión de un informe” sobre la amnistía ya que la solicitud a la Fiscalía se produce a iniciativa del presidente del Senado, que lo hace “en su función de velar por los derechos de los Senadores”: “Valora que
resulta conveniente contar con esa opinión experta del Consejo, sin considerar que ello
supone una intromisión en la propia potestad legislativa del Senado”. De esta manera, el escrito del PP desmonta el argumento de García Ortiz según el cual un informe del Consejo Fiscal puede ser valorado como una intromisión. “Al contrario, como
el medio más idóneo para que la Cámara pueda conformar adecuadamente su voluntad
en un tema que afecta directamente a las competencias del órgano al que se dirige la
solicitud”, señala el escrito.
De hecho, los populares argumentan que el artículo 14.1 j), al que alude la respuesta del Fiscal General del
Estado como impedimento legal para informar sobre proposiciones de ley, “ha de
entenderse que solo se aplicaría a peticiones de informe que el Gobierno remita al
Ministerio Fiscal, obviamente solo sobre proyectos de ley o normas reglamentarias,
como dice el precepto, que son las que corresponden a la titularidad del Gobierno”. En cambio, es “dudoso que dicho precepto pueda servir para considerar que constituye un
impedimento legal para informar sobre proposiciones de ley cuando esta solicitud, no
la realiza el Gobierno, sino una de las Cámaras”.
Además, el PP cita jurisprudencia constitucional al argumentar que “el informe relativo a los proyectos legislativos
es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal”, como ocurre ahora, ya que la ley menciona “expresamente la actuación del Ministerio
Fiscal en el ejercicio de sus funciones en los artículos 3 y 4″.
De esta manera, los populares tratan de forzar un pronunciamiento de García Ortiz, que ha tratado de sortearlo hasta ahora ya que es un tema delicado y complejo. De hecho, seis de los nueve vocales electos forman parte de la Asociación de Fiscales, crítica con la medida de gracia.
En paralelo a la tramitación de esta petición, que deberá ser canalizada a través de la presidencia del Senado, en las dos próximas semanas hay dos fechas clave sobre la tramitación de la amnistía en la Cámara Alta: por un lado, la semana que viene, entre el 2 y el 4 de abril, se reunirá la ponencia designada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas para elaborar un informe sobre la amnistía. En este caso, el informe se tiene que elaborar por los senadores que formen parte de la ponencia y se deberá debatir y votar el 8 de abril.
En ese debate y votación podrán asistir presidentes de Comunidades Autónomas y miembros del Gobierno. El objetivo del informe y debate es ver el impacto que tiene la amnistía sobre el resto de autonomías.
