La rebelión de la comunidad científica en contra de la regulación de la cotización de las prácticas ha tenido la primera consecuencia: Elma Saiz ha convocado una reunión con las asociaciones para “escuchar sus reivindicaciones” y ha negado que haya impuesto su criterio sin escuchar a las partes. “El Ministerio nunca impone decisiones de manera unilateral”. La ministra, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras presidir el Consejo de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital con representantes de las comunidades autónomas, ha asegurado que “vamos a seguir practicando esa escucha en algo que está vivo y que indudablemente, bueno, pues somos conscientes y vamos a escuchar esas reivindicaciones”.
Responde así a la protesta y las quejas de las asociación gremiales de científicos, que han hecho varios comunicados en contra de la ministra, la normativa y su falta de diálogo. La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) se han puesto en pie de guerra, exigen una rectificación inmediata y advierten de que el nuevo convenio supone “una carga económica inasumible para una gran parte de la comunidad científica” implicada, al considerarse cotizaciones a valores del 2024 para becas anteriores a 2006. También cargan contra la limitación temporal impuesta, ya que el período de regularización se limita a un máximo de cinco años trabajados, sin tener en cuenta casos de mayor duración. “Soy consciente de que existen reivindicaciones”, ha dicho Saiz
Estas asociaciones denuncian que se sigue obligando a los ex becarios a pagar las cuotas de cotización para jubilación tanto de la empresa como la propia del trabajador y que para calcular la cuota a pagar “se ha cambiado la orden para considerar como base de cotización la vigente en 2024”, en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiere recuperar, aumentando exponencialmente las cuotas a pagar. En términos monetarios, eso significa que un científico que cobraba una beca típica de unos 600 euros al mes en 2000 tendría que pagar 290 euros al mes, aproximadamente la mitad -el 48%- de los percibido entonces.
Fuentes ministeriales han explicado a LA RAZÓN que “la aportación se basa en la base mínima de cotización actualizada de 2024, pero cuenta con un coeficiente reductor del 0,77, que supone una rebaja del 23%”. Además, recuerdan que “fijar una aportación actualizada va a permitir una mejor pensión futura por esos años. Dado que se pueden rescatar periodos de cotización lejanos en el tiempo, si este no fuera el criterio, las bases de cotización podrían ser mucho más bajas con el consiguiente riesgo de insuficiencia de protección”
Saiz, aprobó el pasado 30 de abril la orden que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios, a través de estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.
