La resistencia contra cualquier avance en el reconocimiento de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil y el franquismo es un pilar de la extrema derecha española, cuya ideología es heredera directa de los vencedores. En su actual forma política, Vox, se convierte además en otro aspecto de la guerra cultural que la alimenta electoralmente desde hace años. La novedad es que sus pactos con el PP tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 han llevado su retórica revisionista a las instituciones. Así, Aragón ha derogado su ley de memoria histórica, los gobiernos de Castilla y León y Comunidad Valenciana trabajan en proyectos para sustituir las suyas, mientras en Cantabria, Baleares y Extremadura existe ese compromiso programático entre las formaciones de Feijóo y Abascal. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática advirtió ayer contra este tipo de iniciativas y anunció que si es necesario presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Humillar a las víctimas
