Sobre el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador se posan muchas miradas después de que decidiera irrumpir con la Policía Nacional de su país en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) condenado por corrupción y acusado por supuestos nexos con el narcotráfico.
El mandatario asumió el riesgo político e internacional y ahora su país no tiene relaciones diplomáticas con la administración de Andrés Manuel López Obrador y sigue recibiendo condena tras condena, o al menos manifestaciones de «preocupación», de otras naciones de la región, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea en voz de Josep Borrell.
México, que defiende haberle dado el asilo al exfuncionario, impidió que Glas cumpliese con la obligación de presentarse ante tribunales semanalmente, por lo que terminó «contraviniendo el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados», dijo el Gobierno de Noboa.
Mientras, las miradas en Ecuador vuelven a mirar a las cárceles. La crisis en esos recintos, iniciada en enero, dio pie a la declaración de un estado de excepción en el país por razones de seguridad. Las prisiones, dominadas especialmente en la provincia de Guayas, por carteles del narcotráfico se alzaron contra el Gobierno. Entonces, Noboa colgó la etiqueta de «terroristas» a 22 organizaciones del crimen organizado en el marco del conflicto armado interno.
Tres meses más tarde, los penales están más tranquilos y militarizados. El estado de excepción, extendido en dos oportunidades, no será renovado este 8 de abril por límite constitucional pero muchas de sus medidas se mantienen vigentes, según informó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. «Hay posibilidades y otras formas de resolver los temas para continuar con lo que debemos continuar bajo otro marco jurídico, que es la presencia de los militares en las calles, en las cárceles y donde sean necesarios», puntualizó.
Dentro de unas de esas cárceles ahora está Glas. El tiempo que el exvicepresidente estuvo encarcelado, casi cinco años hasta 2022, transcurrió para él en una cómoda celda de Cotopaxi. Ahora permanece en un cuarto con menos de tres metros cuadrados, con un colchón sobre una base de cemento y un inodoro. Nada más.
Es una de las celdas estandarizadas de la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde ha sido recluido. Allí también son enviados los cabecillas de bandas criminales y cárteles de drogas, así como jueves y políticos vinculados con el narcotráfico.
Y el problema del narcotráfico es clave, incluso en la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. Desde hace varios años se vienen evidenciando lazos entre el cártel de Sinaloa y Los Choneros, una de las bandas más violentas del país andino; y luego en este último lustro se supo de alianzas entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con los grupos ecuatorianos Los Lobos, Los Pipos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, ahora declarados terroristas por el Gobierno.
Daniel Noboa deberá hacer frente a las represalias de la diplomacia internacional sobre sus decisiones, explicando todos estos elementos inclusive, mientras atiende las consecuencias internas de lo ocurrido esta semana en su capital. Por ejemplo, para este 10 de abril han sido citados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador los ministros de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores, Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Gabriela Sommerfeld, respectivamente, para dar explicaciones por el asalto de la Policía y las Fuerzas Armadas a la Embajada de México en Quito.
El partido de Glas, Revolución Ciudadana (RC), que encabeza desde el exilio el expresidente Rafael Correa, anunció que impulsará la realización de juicio político contra Loffredo, Palencia y Sommerfeld en la Asamblea Nacional.
Entretanto, el personal diplomático mexicano en Ecuador terminará de salir del país y la embajada de México cerrará indefinidamente. Tampoco habrá servicios consulares que puedan atender a las más de 1.600 personas mexicanas registradas como residentes en Ecuador, que deberán hacer sus gestiones ante los despachos de países vecinos como Colombia, Perú o Chile. En México, por su parte, la embajada de Ecuador permanece con custodia policial y se espera también el retorno de su personal a Quito próximamente.
Entre las críticas de la oposición a Noboa por lo ocurrido está la posible indefensión jurídica en la que podrían quedar los migrantes que se desplazan desde Ecuador hacia México para intentar cruzar la frontera con Estados Unidos, en medio de la crisis migratoria de la frontera sur de la potencia norteamericana.
