El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, ha propuesto un sistema de financiación similar al foral vasco y navarro que consistiría en sacar a Cataluña del régimen común y adscribirlo al de los dos territorios que recaudan todos los impuestos y luego derivan cantidades menores al Tesoro común. La idea ha sido recibida con frialdad por su vocación electoralista ante la convocatoria a urnas para el 12 de mayo. Las grandes organizaciones económicas, que reclaman una mejora en la financiación pública, han mostrado indiferencia ante la iniciativa. Su silencio obedece al descrédito acumulado por el independentismo —incluso el más pragmático— en la gestión económica: ha impedido la reversión de la fuga de empresas ocasionada por el procés, dificultado la ejecución de las inversiones autonómicas y postergado proyectos prioritarios, como la lucha contra la sequía, la apuesta por las renovables o la mejora de los resultados escolares. Fuera de Cataluña, la propuesta ha cosechado rechazo, e incluso los inspectores de Hacienda la han criticado en un documento reciente. El recordatorio de que el cambio de financiación se orientaría hacia una reedición de la estrategia proindependencia no puede sino ahuyentar del mismo a los partidarios de mejorar el sistema de financiación, también de Cataluña.
La financiación de Cataluña
