El 10 de abril, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció sobre los asuntos T 301/22 y T 304/22 interpuestos contra el Consejo de la Unión Europea por los multimillonarios rusos Petr Aven y Mikhail Fridman, copropietarios de Alfa Group, el conglomerado financiero e industrial de propiedad privada más grande de Rusia. La decisión del Tribunal fue anular las Decisiones del Consejo de la UE 2022/337 de 28 de febrero de 2022 y 2022/1530 de 14 de septiembre de 2022 porque “ninguna de las razones que aparecen en los actos iniciales están suficientemente fundamentadas en derecho y que la inclusión el nombre del demandante en las listas impugnadas no estaba justificado”.
El fallo, sin embargo, no ha puesto fin a las batallas legales de Aven y Fridman, ya que ambos habían apelado contra dos decisiones de la UE de 2022, pero otras dos, de naturaleza bastante similar, se emitieron en 2023 y 2024 y el caso presentado contra ellos será escuchado a finales de este año.
El fallo fue en gran medida inesperado. He sido un crítico de las sanciones personales occidentales contra los empresarios rusos durante bastante tiempo, cuando comencé a argumentar en contra de ellas antes de que estallara la guerra a gran escala en Ucrania. En mi opinión, estas sanciones son bastante contraproducentes, ya que los “oligarcas” pueden beneficiarse de las decisiones del Kremlin pero no pueden influir en ellas. Además, las sanciones habían obligado incluso a los empresarios que vivían en el extranjero (como, por ejemplo, Andrei Melnichenko, que residió en Suiza durante unos diez años), a regresar a Rusia con una parte de su capital, donde ahora no les queda otra alternativa que contribuir al Gobierno de Putin. Aven siguió siendo uno de los pocos que no regresó a Rusia y decidió quedarse en Letonia, donde adquirió la ciudadanía como nieto de un ciudadano letón que murió en el Gulag de Stalin. Pero quisiera reiterar que la política de sanciones de la UE sigue siendo tan inconsistente que me sorprendió el fallo del TJUE.
Lo que más me llama la atención de las políticas de la UE es que las decisiones que se toman se basan principalmente en opiniones de “expertos”, no en hechos probados. En otro caso, el T-237/22, presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE el 7 de febrero, otro empresario ruso, Alisher Usmanov, fue mantenido en la lista de sanciones porque “ha sido nombrado uno de los oligarcas favoritos de Vladimir Putin” por Anders Aslund, un analista de Rusia del grupo de expertos Atlantic Council en Washington que desde 2014 ha ocupado diferentes puestos en el sector privado y organismos gubernamentales en Ucrania y difícilmente se le puede llamar un observador independiente de los asuntos rusos.
En los casos de Aven y Fridman, el Consejo ha utilizado como prueba un artículo escrito por Ilya Zaslavsky, un antiguo empleado de la compañía petrolera TNK-BP que se vio obligado a dejar su trabajo en 2008 cuando el conflicto entre Rusia, los accionistas (el Sr. Fridman es uno de ellos) y los británicos estallaron, y de ninguna manera se puede considerar un analista imparcial. Ni siquiera mencionaría que la acusación inicial contra Usmanov, tal como fue formulada en la decisión del Consejo de la UE, dice que “según se informa, ha defendido al Presidente Putin y ha resuelto sus problemas comerciales”, pero esta fórmula es una cita de un Artículo publicado en la revista “Forbes” poco antes del ataque ruso a Ucrania. Curiosamente, en enero de 2024 el tribunal alemán dictaminó que estas acusaciones eran falsas y ordenó a la revista refutar el artículo, pero el TJCE no lo tuvo en cuenta.
Otro punto digno de mención es que los órganos de la UE en algunos casos consideran que actividades similares agravan la culpabilidad del “oligarca” acusado o simplemente lo ignoran. En el caso mencionado de Usmanov, los jueces se centraron en su control sobre el diario ruso “Kommersant”, donde “la libertad editorial estaba restringida” y “el periódico adoptó una posición claramente pro Kremlin”, como insistieron los expertos no indicados, mientras que “The Economist” afirmó que Kommersant a finales de 2022 era “uno de los pocos medios que quedaban en Rusia que no son órganos de propaganda”.
Todo esto no sería tan sorprendente si no conociéramos la decisión del Consejo de la UE, de 14 de septiembre de 2023, que eliminó de la lista de sanciones a Grigory Berezkin, un magnate ruso que se hizo cargo del RBC Daily en 2017, reduciendo considerablemente su independencia y propiedad. el tabloide “Komsomolskaya Pravda” es una de las voces más duras del Kremlin y alaba continuamente su guerra en Ucrania. Pero Berezkin ahora está libre de cualquier acusación ya que supuestamente fue presionado por el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y Usmanov todavía está bajo sanciones.
Quisiera señalar otra cuestión interesante que concierne a los familiares cercanos de las personas sancionadas. En algunos casos, estas sanciones podrían estar justificadas (como las impuestas a Alexandra Melnichenko, la esposa del ya mencionado Andrei Melnich Enko, quien se convirtió en el propietario beneficiario del fideicomiso familiar después de que su marido fuera sancionado y, por lo tanto, agregado (en la lista al día siguiente ni siquiera tuvo la ciudadanía rusa), pero otros casos siguen siendo más dudosos.
En 2022, un piloto ruso de F1, Nikita Mazepin, fue sancionado por ser hijo de Dmitrii Mazepin, un magnate de los fertilizantes propietario de grandes empresas en Rusia y Bielorrusia. En el momento en que se impusieron las sanciones, su padre era patrocinador de su equipo de carreras, del que el piloto abandonó poco tiempo después, pero tuvieron que pasar dos años hasta que el TJCE lo excluyó de la lista de sanciones, ya que dictaminó que después de romper con su equipo, las relaciones familiares per se no llegan a ser motivo de sanciones. Pero aunque la relación familiar no se considera un motivo formal para las sanciones, la hermana del Usmanov, Gulbakhor Ismailova, que reside en Uzbekistán, fue mantenida en las listas de sanciones, donde figura desde abril de 2022 como beneficiaria de dos fideicomisos familiares creados hace años por el magnate nacido en Uzbekistán, incluso después de haber renunciado voluntaria e irrevocablemente a su derecho a recibir cualquier beneficio de esos fideicomisos si se levantaran las sanciones en su contra. Todo esto muestra cuán diferente puede ser la actitud ante casos similares.
En resumen, yo diría que las sanciones contra Rusia son un instrumento vital y necesario que puede limitar la capacidad de Moscú para librar su guerra de agresión contra Ucrania y, por lo tanto, la mayoría de las sanciones comerciales, la iniciativa sobre el límite del petróleo o las prohibiciones de transporte deberían considerarse justificada y, en un grado u otro, eficaz. Las sanciones personales, sin embargo, parecen arbitrarias (¿quién puede explicar por qué sólo 48 de los 125 multimillonarios rusos son sancionados y todos los demás no?) e inútiles. Las potencias occidentales deberían designar a algún círculo cercano de funcionarios del Kremlin como presuntos criminales de guerra y profundizar la brecha entre ellos y el resto de la elite rusa por provocar conflictos internos en Moscú, en lugar de poner a miles de personas en listas de sanciones, aumentando su unidad en torno a Putin.
