La magistrada del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa por terrorismo contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg quiere que las cuatro acusaciones populares personadas en el procedimiento se agrupen bajo una misma representación letrada para evitar retrasos innecesarios.
En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada Susana Polo cita el próximo día 24 a las acusaciones populares que ejercen Vox, Dignidad y Justicia (DyJ), Sociedad Civil Catalana (SCC) y el abogado Francisco Velasco Pedraza “a fin de ser oídos para concurrir en única representación y defensa”, con el objetivo de “ordenar el proceso sin dilaciones indebidas”, tal y como obliga el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En estos casos, lo habitual es que si finalmente la instructora acuerda la medida, sea la representación de la primera acusación personada la que aglutine al resto. En la causa abierta en el Tribunal Supremo fue Dignidad y Justicia la primera en personarse, pero en el procedimiento de la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón aceptó la personación de DyJ y Vox el mismo día, el 26 de octubre de 2023, aunque el partido de Abascal depósito la fianza exigida un día antes que la asociación que preside Daniel Portero.
En cuanto a Sociedad Civil Catalana, su presencia en la causa es posterior, el 8 de noviembre del pasado año, y la del abogado cordobés Francisco Velasco Pedraza también, pues se admitió su personación como acusación popular el pasado 7 de febrero.
En todo caso, Vox seguramente hará valer que ya estaba personada como acusación en el procedimiento originario abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que finalmente se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en febrero de 2021.
Petición de una imputada a García Castellón
Precisamente una de las investigadas en la causa de Tsunami Democràtic que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Manuel García Castellón se quejó recientemente al juez de las dilaciones que ocasiona la presencia de cuatro acusaciones populares -en este tribunal continúa adelante la investigación respecto a otra decena de imputados no aforados, entre ellos Marta Rovira, secretaria general de ERC- y le instó a agruparlas bajo una única representación letrada.
En este caso, sin embargo, la defensa de la dirigente de ERC Marta Molina hacía extensiva esa petición a las tres acusaciones particulares que representan a cuatro agentes heridos en los altercados provocados por Tsunami Democràtic el 18 de octubre de 2019 en Barcelona durante la jornada de “huelga general” convocada para protestar por la sentencia del “procés”.
Según expuso la defensa de Molina, todas las acusaciones populares “pretenden la investigación de las acciones que se atribuyen” a Tsunami Democràtic y la imputación de sus supuestos responsables y califican los hechos investigados de terrorismo, por lo que entre ellas existe una “convergencia tanto de intereses como de puntos de vista”.
La imputada insta a García Castellón -que todavía no se ha pronunciado al respecto- que ordene que se agrupen bajo la dirección letrada de la primera que compareció en calidad de acusación popular en el procedimiento, “que en el presente caso es el partido político Vox”.
Para la defensa de la dirigente de ERC la pluralidad de acusaciones populares y particulares “está generando una multiplicidad de escritos para cada trámite que conllevan una más compleja y lenta gestión del procedimiento, con una clara afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de los investigados”.
Dignidad y Justicia se opone
En sus alegaciones a la pretensión de la defensa de Marta Molina, Dignidad y Justicia se opuso a la medida al entender que “ni se ha visto afectado el buen orden del proceso, ni mucho menos el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”. La abogada de la asociación, Vanessa Santiago, considera que “a pesar de la existencia de cuatro acusaciones populares, la instrucción de la causa avanza sin complicaciones, más allá de las dilaciones que se están provocando por las defensas de los investigados y cuya estrategia dilatoria ya ha sido denunciada por esta acusación popular”.
La asociación de víctimas señala que la petición de la imputada no explica “de qué manera, la existencia de cuatro acusaciones populares y tres particulares
personadas, está suponiendo o puede suponer unas dilaciones indebidas y reiteraciones innecesarias en cualquier momento del procedimiento”. Y hace hincapié en que no ofrece “ni un solo ejemplo o argumento” que acredite que “se haya visto siquiera comprometido el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
